El análisis de los primeros siete meses del año muestra una fuerte dependencia de los recursos de Itaipú, que aportó más del 80% del total de transferencias. En enero, las transferencias habían alcanzado US$ 22,8 millones, monto íntegramente proveniente de Itaipú, ya que la EBY no realizó desembolsos ese mes. Posteriormente, febrero marcó un salto importante, con US$ 48,4 millones, cifra que constituye el pico del periodo, debido a que Itaipú transfirió US$ 24,8 millones y Yacyretá US$ 23,6 millones, lo que reflejó una participación prácticamente equilibrada entre ambas entidades.
En los meses siguientes, Itaipú volvió a ser el motor principal de las transferencias, con aportes que oscilaron entre US$ 19,8 millones y US$ 22,8 millones. Por su parte, Yacyretá registró desembolsos más irregulares con una ausencia de transferencias en enero y mayo. Esta volatilidad explica por qué Itaipú mantiene un rol central en la previsibilidad de los ingresos fiscales.
Distribución de los recursos
La normativa establece que el 50% de los royalties se destina a la Administración Central y el otro 50% a Gobernaciones y Municipios. En consecuencia, entre enero y julio de 2025, cada segmento recibió US$ 91,4 millones, un esquema de distribución que debería cumplir una función doble: por un lado, permitir al Gobierno central sostener programas y proyectos de inversión pública y, por otro, reforzar las finanzas de los gobiernos locales para obras de infraestructura, salud, educación y servicios comunitarios.
En efecto, desde una perspectiva macroeconómica, estos ingresos cumplen un rol anticíclico, ya que otorgan margen de maniobra al Estado en un contexto de presiones fiscales. La previsibilidad de los desembolsos de Itaipú es un factor clave para la planificación, mientras que la irregularidad de Yacyretá plantea desafíos que exigen prudencia en la gestión de los recursos. En términos anuales, de mantenerse la tendencia observada hasta julio, las transferencias podrían superar los US$ 300 millones en 2025, consolidándose como una fuente estable de financiamiento.
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Finalmente, la correcta utilización de estos recursos representa una oportunidad para fortalecer la inversión en infraestructura, servicios sociales y proyectos de desarrollo territorial. Su administración transparente y eficiente es crucial para maximizar el impacto positivo en la población, especialmente en un contexto en el que las necesidades de financiamiento para salud, educación y obras públicas siguen siendo elevadas.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones