A dos años del gobierno se sigue esperando la decisión política del presidente de la República, Santiago Peña, para realizar la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
Con la reforma se buscaría, por lo menos, reducir la sangría que produce a la ciudadanía que debe pagar con sus impuestos el déficit que se genera cada mes.
El ente previsional del sector público cerró el primer semestre del año con un saldo rojo acumulado de US$ 153 millones, que equivale a 43%.
Según Jorge Delgado, titular de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit llegaría a fin de año a US$ 300 millones.
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La caja está compuesta por seis sectores: empleados públicos, el único que mantiene superávit de 14% al final de junio; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, que arrastran déficit de 31%, 22%, 74%, 64% y 48%, respectivamente.
Déficit global se arrastra desde 2015
El déficit global se viene arrastrando desde el año 2015, pero desde entonces ningún gobierno, hasta ahora tampoco el de Peña, se ocupó de reencauzar las finanzas con la modificación del sistema de jubilaciones.
Un estudio realizado por el MEF señala que es un sistema altamente fragmentando, en donde todos aportan el 16%, pero los beneficios son muy diferentes entre sectores.
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Además, la tasa de equilibrio es muy superior al vigente del 16%, mayor aún para los sectores deficitarios; y se estima que en 2028 se acabarán las reservas de la entidad y el déficit se cubrirá por completo con recursos del Tesoro.
El Tesoro ya inyectó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en poco más de 14 años, unos US$ 1.497 millones de fondos aportados por los contribuyentes.
Se priorizó un nuevo paquete de proyectos
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el proyecto sería presentado a fin año, luego de acordar las medidas con los sectores involucrados, pero hasta ahora no hay señales de que iniciarán las negociaciones.
La presentación se daría ya en la antesala de las elecciones municipales, la que podría dificultar su estudio aprobación en el Parlamento dado el caudal electoral que representa el sector público para el oficialismo.
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Peña, además, optó por priorizar la presentación de un nuevo paquete de 10 proyectos de ley, restando menos de cinco meses para que termine el año y empiece el receso parlamentario.
Dentro de este paquete, está la controvertida reforma del transporte público, así también la ley de maquila que ya fue cuestionada por la Cámara de Empresas Maquiladora del Paraguay (Cepama), que pide su modificación porque podría restar competitividad al sector y varios artículos vulneran preceptos constitucionales.
Se suma a todo esto que, en el periodo que resta para fin de año, la prioridad en el Legislativo será el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2026, que será presentado, a más tardar, el lunes 1 de setiembre próximo.