Si bien el índice de efectividad del gobierno mejoró de -0,79 en 2016 a -0,46 en 2020, el país sigue rezagado frente al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (-0,17) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE (1,08). Un comportamiento similar se observó en el indicador de capacidad regulatoria, que pasó de -0,3 a -0,2 en el mismo periodo, aún por detrás de la región (-0,16) y OCDE (1,09). Las debilidades son más pronunciadas en los gobiernos subnacionales, donde la capacidad institucional es menor y no existen estadísticas detalladas y desagregadas.
En materia de transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho, Paraguay se mantiene en posiciones bajas dentro de los rankings internacionales. La corrupción, junto con la informalidad, figura entre los principales obstáculos para el clima de negocios identificados por las empresas (Enterprise Survey).
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional lo situó en 2024 en el puesto 149 de 180 países, junto con Venezuela, Nicaragua, Haití, Bolivia y Guatemala entre las naciones con mayor percepción de corrupción en la región. En el ranking del WEF sobre incidencia de la corrupción, Paraguay se ubicó en el puesto 111 de 141 economías.
Además, en el Indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial muestra un retroceso, al registrar un valor de -1,06, frente a los -0,87 de 2018. Este resultado lo ubica entre los países con peor desempeño de la región, cercano a economías como Honduras (-1,11) y Guatemala (-1,12), y por debajo de la media latinoamericana.
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El indicador, que varía de -2,5 (gobernanza débil) a 2,5 (gobernanza sólida), mide en qué medida el poder público se utiliza para beneficio privado o se ve afectado por la “captura del Estado” por élites e intereses particulares. En el caso de Paraguay, el valor de 2023 es incluso más desfavorable que el registrado en 2013 (-1,05), lo que refleja una persistente debilidad en la lucha contra la corrupción en la última década.
En contraste, países como Uruguay (1,57), Chile (0,97) y Costa Rica (0,65) se ubican en el extremo opuesto del ranking regional, con un control de la corrupción significativamente más sólido.
Igualmente, persisten rezagos en el cumplimiento de la Ley: en el Índice de Competitividad Global del WEF, el país ocupa el puesto 138 en independencia judicial y el 136 en eficiencia del marco legal para resolver disputas. Si bien en julio de 2022 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) había resuelto que Paraguay no ingresara en la lista gris de países no cooperantes contra el lavado de dinero, el Índice del Instituto de Basilea de 2020 lo calificó con un riesgo medio de 6,45, por encima del promedio regional (5,3) y del de la OCDE (4,1), precisa una parte del documento del BID.
Finalmente, la brecha entre estos desempeños evidencia los desafíos institucionales que enfrenta Paraguay para mejorar la transparencia y fortalecer el Estado de derecho, factores centrales para generar confianza en los inversionistas y promover tanto el desarrollo como el crecimiento económico.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.