El sorpresivo cierre temporal de más de 260 minimercados en todo el país, luego de que el Gobierno haya fiscalizado solo a 12 locales, ha generado gran preocupación en los agentes económicos y puesto en grave juicio la protección de la propiedad privada y la libertad económica. Gremios empresariales han coincidido en el rechazo a la medida ejecutada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco). La decisión, que afecta a más de 5.300 trabajadores y a toda la cadena de unos 500 proveedores, ha sido calificada de “desproporcionada” y “sin precedentes”, alertando sobre su impacto en la economía nacional, el empleo y el clima de inversiones.
Otro punto en común es la defensa de principios fundamentales para el sector privado: la proporcionalidad en la aplicación de sanciones, el respeto a la propiedad privada, la libre competencia y la seguridad jurídica. Los gremios hacen hincapié en que, en un Estado de derecho, las decisiones de la autoridad deben estar fundadas en la Ley, ser proporcionales y garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Nacional. La preocupación no se limita a la sanción en sí, sino al precedente que sienta para el conjunto del sector privado, con el riesgo de desalentar inversiones y generar incertidumbre.
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En este contexto, los gremios alertan sobre el posible daño irreversible que puede causar la medida en términos económicos y sociales. Biggie en su comunicado refiere que el cierre forzado constituye un abuso de poder que perjudica a trabajadores, clientes y a la economía nacional. Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) advierte que la sanción pone en riesgo miles de puestos de trabajo y que las autoridades deben actuar con firmeza, pero sin provocar consecuencias que afecten la estabilidad laboral. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) llama a que las instituciones encargadas de velar por la libre competencia y la protección al consumidor actúen estrictamente dentro del marco legal para preservar la confianza de empresas y ciudadanos.
Sin embargo, el debate trasciende el caso puntual y plantea una cuestión de fondo: ¿cómo equilibrar la necesaria fiscalización y cumplimiento de normas sin que las mismas sean atentatorias de la actividad económica y los derechos de propiedad? La libertad de mercado implica que las empresas puedan operar sin restricciones arbitrarias, mientras que la propiedad privada supone que el Estado no puede privar a una compañía de sus medios de producción sin el debido proceso legal y sin justificación proporcional. El cierre temporal de una red de alcance nacional, sin que se implementen medidas alternativas menos gravosas, plantea interrogantes sobre el respeto a estos principios.
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Más allá de las consideraciones legales, el episodio genera un mensaje al mercado que puede afectar la percepción de Paraguay como destino seguro para la inversión. Un clima de negocios saludable requiere reglas claras, previsibles y aplicadas con criterios técnicos, evitando que las sanciones se conviertan en herramientas que comprometan la estabilidad económica y social. Cualquier incumplimiento debe ser corregido, pero dentro de un marco que no sacrifique el empleo ni la continuidad operativa de empresas que forman parte de la estructura productiva y comercial del país.
En un contexto donde la inversión y el empleo dependen de la confianza en las instituciones, el desafío para Paraguay será encontrar un equilibrio que garantice la legalidad sin erosionar la libertad económica y el derecho a la propiedad privada.
El caso no solo golpea al sector privado en términos de empleo, inversión y previsibilidad, sino que también plantea un precedente preocupante sobre la seguridad jurídica y la proporcionalidad en la aplicación de sanciones. Afectar la libertad de mercado pone en riesgo no a un grupo económico, sino a toda la economía del país.
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En la edición de mañana se abordará cómo Paraguay permanece rezagado en los ránkings internacionales de transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que parte de los indicadores es compartido en la infografía.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.