En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Giuliano Caligaris, director de la cadena de tiendas Biggie, habló del cierre de sus 263 tiendas luego de una sanción anunciada ayer por la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Ayer martes, en horas de la tarde, el gobierno del presidente Santiago Peña, a través de los titulares de la Sedeco y la Dinavisa anunció la “suspensión temporal” y prohibición de la venta en tiendas de Biggie -parte del Grupo Zuccolillo, del que también forma parte ABC - de productos regulados por la Dinavisa, que - según estimó Caligaris – componen alrededor del 90 por ciento de todos los productos que la cadena comercializa.
“Nos quedaría vender enchufes o figuritas”, ironizó.
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La Sedeco alega que una fiscalización descubrió productos supuestamente defectuosos, vencidos o reetiquetados en 12 locales de la cadena. El director de Biggie dijo que las “anomalías” fueron detectadas en cinco productos de los aproximadamente 450.000 que la cadena vende de forma diaria.
“Errores involuntarios”
El director de Biggie explicó que ciertos productos, principalmente embutidos, queso y carne, son envasados por la propia cadena y que estos son reetiquetados cada vez que hay variaciones en los precios, algo que – según dijo – viene produciéndose con frecuencia en los últimos tiempos.
“Vamos remarcando el nuevo precio a medida que el proveedor hace ajustes, al remarcar el nuevo precio sale una etiqueta que se vuelve a pegar”, dijo, y admitió que “puede haber casos donde algún ”colaborador pega la nueva etiqueta sobre la del día anterior, algo que no debería ocurrir”.
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Sin embargo, opinó que se trata de solo “errores administrativos” de origen humano que pueden producirse en un número pequeño de productos, teniendo en cuenta que, según indicó, Biggie vende en promedio unos 450.000 productos cada día.
“Se intervinieron 12 tiendas y fueron cinco los productos que se vieron con anomalías”, reiteró. “No justificamos, pero dentro de una cadena de 263 tiendas, con un volumen de venta de 450.000 productos diarios, podría ocurrir esa involuntaria situación de cinco productos”.
“Asumimos que tuvimos estos casos, en una escala como la que tenemos puede haber errores involuntarios de las personas que trabajan en las tiendas”, insistió.
Más de 260 tiendas cerradas
Caligaris manifestó que la empresa vio en los últimos meses “una suerte de saña o persecución diaria a nuestra cadena” con visitas diarias “totalmente atípicas” de la Dinavisa.
Caligaris dijo que, en cumplimiento de la disposición del gobierno, desde la medianoche de hoy están cerradas todas las 263 tiendas de Biggie en el país.
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“Nosotros vamos a cumplir todas las leyes y normativas, trataremos de llevar esto de la manera más ordenada posible, pero más allá de la parte legal para nosotros, esto es algo que no podemos creer”, declaró. “Uno trabaja de manera formal, en el día a día apostamos a crecer y generar fuentes de trabajo; acá se cerraron 263 supermercados por unas cuestiones administrativas”.
“Nosotros no le robamos a nadie, no nos dedicamos al contrabando, a nada ilícito”, agregó. “Hoy siento que nos levantamos en la Venezuela de Nicolás Maduro”.
Cuestionó también la “celeridad sin precedentes” con que se realizó la fiscalización que llevó a la suspensión por parte de instituciones habitualmente lentas que “en menos de 24 horas tuvieron el cierre de una cadena de 5.300 empleados”.
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Manifestó que desde la medianoche funcionarios de la cadena están trabajando para asegurar que no existan anomalías en los productos y adelantó que se buscará un contacto con la Sedeco y la Dinavisa “antes del mediodía” para que se realice una nueva supervisión.
Añadió que la empresa también deberá contactar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para ver si debe gestionar la suspensión laboral para sus más de 5.000 empleados en todo el país.
“¿Dónde está la seguridad de la gente que invierte acá?”
Caligaris afirmó que Biggie ha recibido llamados de apoyo de la mayoría de los gremios del país y de sus proveedores.
“El asombro en el sector privado es preocupante”, dijo. “Hoy nos toca a nosotros y mañana, por una falta administrativa, alguna otra empresa puede ser cerrada”.
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“Acá todos los que trabajan formalmente son los que están perdiendo”, subrayó. “Yo no sé qué puede pasar mañana. ¿Dónde está la seguridad de la gente que invierte acá?”, se preguntó.
Opinó que la medida va en contra de las intenciones expresadas por el gobierno del presidente Peña de captar inversiones extranjeras, argumento con el que el mandatario justifica sus frecuentes viajes al exterior del país.
“Esto que pasó es algo sin precedentes, un peligro que no sé si se está dimensionando el alcance”, advirtió.
