El auge de la criptominería en Paraguay trajo oportunidades para la venta de energía, pero también desafíos. Uno de los más serios es el incremento del robo de energía eléctrica, sobre todo porque se trata de una actividad altamente intensiva en consumo energético, lo que incentiva las conexiones ilegales, generando pérdidas millonarias y un riesgo potencial para la estabilidad del sistema eléctrico.
Ante esta situación, la ANDE implementó tecnologías avanzadas como drones para inspección de líneas, sistemas de detección automática mediante inteligencia artificial y modelos predictivos basados en análisis de datos históricos, destaca el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa.
Asegura que estas herramientas permitieron detectar con mayor precisión conexiones clandestinas y optimizar las acciones de fiscalización en campo. Sin embargo, aclara que la tecnología por sí sola no era suficiente. Se necesitaba un marco legal más adecuado.
Lea más: ANDE: Más de 13 mil procesadores y 66 transformadores de criptomineras ilegales fueron incautados
Con la promulgación de la Ley 7.300/2024, que modifica el artículo 173 del Código Penal, se establecieron sanciones más severas para quienes roban energía. Las penas pueden llegar hasta los 10 años de prisión, e incluyen la incautación de bienes utilizados en las actividades ilícitas, que pasan a ser administrados temporalmente por la ANDE.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Solo en 2024, la institución ejecutó 33 intervenciones contra conexiones ilegales vinculadas a criptominería en distintos departamentos del país. Se desconectaron más de 89.000 kVA de potencia instalada y se incautaron numerosos equipos, aplicando por primera vez las disposiciones de la nueva ley.
Entre 2019 y 2025, se incautaron un total de 13.358 procesadores y 66 transformadores. De estos, una parte permanece bajo resguardo de la ANDE en calidad de depositario judicial, mientras que el resto está custodiado por el Ministerio Público.
En ese marco, se abrieron 91 causas penales, destacando la causa N° 776/2024 en Canindeyú, donde se incautaron casi 3.000 procesadores pero que luego fueron devueltos por orden judicial. “La ANDE no interviene en la devolución de máquinas incautadas, ya que si bien varias máquinas se encuentran resguardadas en depósitos de la institución; la custodia y disposición son exclusivamente del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías, por tratarse de evidencias dentro de investigaciones penales”, aclaran desde la institución.
El reclamo constante en estos casos es que cuando se devuelven los equipos, se repiten los robos de energía solamente mudando de lugar la criptominería ilegal dado que su montaje no es muy complicado.