En plena etapa de planificación de la próxima zafra 2025/2026, la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) se pronunció este miércoles para alertar a los productores sobre la inclusión “unilateral” de exigencias del reglamento 1115 o ley “antideforestación” de la Unión Europea en contratos de compra y venta de soja. La regla busca evitar que materias primas como la carne, la soja, la madera y sus derivados consumidos en la UE hayan generado deforestación después de 2020 y que debe entrar en vigencia en diciembre de este año.
Recordó que el reglamento europeo es de carácter voluntario y debe aplicarse únicamente a quienes deseen comercializar con el bloque. Así, consideró que no corresponde aplicar una ley extranjera en los contratos de venta firmados en el país.
“Aceptar vender o no vender a la Unión Europea es una decisión libre de cada uno de los productores y no puede ser una obligación impuesta unilateralmente a los productores de Paraguay, que desconocen los alcances de las exigencias de la UEDR 1115 y los compromisos que implican o simplemente no quieren vender a la UE”, enfatizó.
Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay se instó a los productores a revisar y analizar cuidadosamente las cláusulas de los contratos para la venta de la producción de la zafra 2025/2026, antes de firmarlos. “Podrían tener asociadas multas, sobrecostos y descuentos importantes aplicados”, añadió.

Piden extremar cuidados
La CAP hizo hincapié en su advertencia dirigida a los productores para no firmar contratos que incluyan alguna referencia al reglamento 1115, sin comprender plenamente los compromisos que implican.
“Ante cualquier duda sobre los compromisos que vayan a asumir en los contratos, consulten, pidan asesoramiento y explicaciones”, agrega el gremio y señaló que sus asesores y dirigentes están abiertos para responder ante cualquier duda que puedan tener los productores.
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Otros gremios del sector productivo como la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) ya han manifestado su preocupación ante la inclusión “unilateral” de exigencias del reglamento 1115 o ley “antideforestación” de la Unión Europea en contratos de compra y venta de soja, pese a que la normativa tiene un carácter voluntario.
Ante este escenario, las organizaciones del sector agrícola llamaron a los productores a actuar con cautela y responsabilidad, priorizando contratos claros y viables y respetando los acuerdos sectoriales que garantizan la adhesión voluntaria.