Entre las graves irregularidades detectadas por los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) a la cooperativa policial Poravoty Ltda, se citan inconsistencias en los créditos que llevan a suponer de millonarios créditos ficticios, a juzgar por los elementos mencionados por los interventores en la asamblea de intervención realizada el viernes último.

El informe de los interventores que consta de más de 100 páginas detalla graves irregularidades y desprolijidades administrativas que llevaron a la entidad solidaria a una pérdida de más de G. 274.000 millones (US$ 35 millones).
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Con base al inventario de crédito consolidado, fueron identificadas 19.581 operaciones creadas sólo a nivel de sistema informático, denominados “Créditos estructurados”, que ascienden a un total de G 13.355 millones, que datan del año 2017 y 2018 aplicados a los socios con número desde el 01 al 7107 con tasa de interés compensatorio “cero” y que hasta la fecha del informe no registran ninguna amortización de pagos y con cero días de mora, es decir, solo se configuran a nivel del inventario general de crédito y contablemente, no existiendo documentación respaldatoria dentro de los legajos del socio.
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Se detectaron igualmente la entrega de créditos por montos millonarios a funcionarios de la entidad sin documentación respaldatoria. La concesión de créditos millonarios para funcionarios con “garantías” cruzadas entre funcionarios y directivos, pero dichas garantías no eran reales.
Por otra parte, en el área de adquisición de propiedades también se detectaron documentación de compra de propiedades pero sin embargo las mismas no están tituladas a nombre de la Cooperativa, pero se registran pagos en dicho concepto.
Ex directivos en la mira
Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) y responsables de la administración son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. El policía retirado Miguel González había sido dado de baja por un caso de supuesta estafa y lesión de confianza en 2002, por un desvío de G. 1.200 millones cuando era directivo del Círculo de Suboficiales. La entidad tiene en vilo a 700 ahorristas, muchos de ellos jubilados que esperan recuperar su dinero.