En una maratónica jornada asamblearia que duró casi 8 horas, la intervención del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) brindó detalles del informe de fiscalización y auditoría realizada a la quebrada cooperativa que tiene en vilo a unos 700 ahorristas que no pueden retirar su dinero, muchos de ellos jubilados. Tras ajustarse el balance, la intervención encontró un resultado negativo (pérdida) de más G. 270.000 millones, casi US$ 35 millones.
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Préstamos ficticios en Cooperativa Poravoty
Entre las observancias de los interventores está por ejemplo que se hicieron “operaciones ficticias” de crédito por unos G. 13.000 millones, que hay desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones para la “venta a sus asociados”, ya que muchos de ellos son policías. En el inventario se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.
Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la Cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) la custodia de los mismos.
Solo en uno de los contratos del 2018 consta que la compra de 100 unidades de pistolas costó a la cooperativa unos G. 671.000.000.
La intervención ha verificado la adquisición de armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de Ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa “International Auto Suppy SA”, representado por el Diego Hernán Dirisio, junto con Paulo Cesar Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de Gerente Comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo “Dakovo”, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil y publicaciones del caso, extraídas de la web del Ministerio Público.
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Sobrevaloración de disponibles
Del presente informe grandes diferencias en el rubro de Disponibilidades del balance conforme a lo informado al regulador.
De acuerdo a los saldos obtenidos al instalar la intervención, que fueron comparados con la última información financiera al 31 de diciembre del 2024 remitida al Incoop a través de la herramienta de “Alerta Temprana”, se encontró que hicieron figurar una disponibilidad de G. 6.800 millones (seis mil ochocientos millones), pero que en realidad no existían, reflejando un índice de fondos no acorde a la realidad, detectándose una “sobrevaloración de la disponibilidad”
Ante los graves hechos detectados respecto a la alteración de las informaciones operativas y financieras, el elevado costo financiero por el endeudamiento con socios debido a las altas tasas, así como también deudas con terceros, el nulo margen de rendimiento en las operaciones de crédito, elevada morosidad, estado de liquidez, descalce financiero, y demás irregularidades constatadas, en su conjunto posicionan a la Cooperativa en la imposibilidad de seguir operando, concluye el informe de los interventores.
De acuerdo con las conclusiones de los interventores, las autoridades de la Cooperativa, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, son responsables por las informaciones financieras remitidas al Incoop y las difundidas a sus socios, de sus actuaciones u omisiones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 438/94 de Cooperativas y sus modificatorias en la Ley 5501/15 y la Ley 6608120. Además, la ausencia de controles adecuados en el contenido de las informaciones, recae la responsabilidad en la Auditoría Interna.
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Exdirectivos de Poravoty en la mira
Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) y responsables de la administración son: Miguel González Duarte (Presidente, ex suboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Por la Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.
El policía retirado Miguel González había sido dado de baja por un caso de supuesta estafa y lesión de confianza en 2002, por un desvío de G. 1.200.000.000 cuando era directivo del Círculo de Suboficiales de la institución.
Los socios afectados por la quiebra de la cooperativa esperan poder cobrar sus ahorros, muchos de ellos son jubilados y cuestionan que los interventores hayan priorizado pagar a bancos antes que a los socios.
Según el informe, durante la intervención se ha cancelado un préstamo a Cencopan por G. 1.000 millones y a Zeta Banco, G. 1.520 millones, operación ya se encontraba vencida desde Diciembre/2024.