Los decretos del Ejecutivo, todos con fecha 8 de julio, favorecen a instituciones públicas que forman parte de la administración central o gobierno central y de las entidades descentralizadas.
En la administración central se incluye al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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Dentro de las entidades descentralizadas se favorece a la Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Asunción.
La modificación presupuestaria asciende a un total de G. 931.875 millones (US$ 121,3 millones al cambio vigente), pero de este monto el 95,7% se destina al Ministerio de Economía para el pago de jubilaciones y pensiones, aunque sin dar mayores detalles.
Pago de jubilaciones y pensiones
Según el Decreto N° 4192, que autoriza la ampliación de créditos presupuestarios y de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero, al MEF se asigna G. 891.819 millones (US$ 116,1 millones) para hacer frente a los compromisos de pagos a jubilados y pensionados para el presente ejercicio fiscal.
El MEF, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, es la entidad encargada de administrar la Caja Fiscal, que está compuesta por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.
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La entidad previsional del sector público acumula al mes de mayo 43% de déficit, que equivale a más de G. 1 billón (US$ 129,4 millones), diferencia que se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes.
El saldo rojo global de la entidad viene registrándose desde el año 2015, cuando cerró en G. 70.161 millones (US$ 8,9 millones), aunque los sectores de docentes, policías y militares ya arrastraban pérdidas desde años anteriores.
Luego se sumaron a este grupo deficitario los magistrados judiciales y docentes universitarios, en tanto se mantiene aún con superávit del 13% el sector de empleados públicos, aunque cada vez con menos margen porque se va quedando sin reservas.
Tesoro cubrirá el 100% del déficit en 2028
El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González, el último miércoles se reunió con la comisión especial para el estudio de la situación financiera y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público de la Cámara de Diputados, en donde se lanzaron los números del déficit y se advirtió de un inminente colapso de la entidad.
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González señaló que la previsión es que en el año 2028 el 100% del déficit de la Caja Fiscal sería financiado por el Tesoro y, por ello, la necesidad de llevar adelante una reforma integral que pueda garantizar la sostenibilidad de la referida caja.
El proyecto de ley, sin embargo, sería presentado recién el “31 de diciembre o antes”, según dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, cuando se le consultó sobre el tema.
Dijo que los principales problemas están en la caja de militares y policías, que generan más de la mitad del déficit debido a que se jubilan más temprano.
Más ampliación presupuestaria
Las ampliaciones de créditos presupuestarios autorizadas para las demás instituciones públicas, que ascienden a G. 40.056 millones (US$ 5,2 millones) se destinarán a la compra de equipos informáticos, herramientas, pago de honorarios profesionales, pasajes, viáticos, construcción, mantenimiento y reparaciones de aulas, traslado de docentes a filiales.
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También para la reposición de equipos de transporte vendidos en subasta, servicios básicos y traslado de policías, provisión de cesta básica, contratación de promotoras de comunicación, impresiones de señalización, entre otros numerosos gastos corrientes.
El MEF, además del decreto para el pago de jubilaciones y pensiones, cuenta con otro decreto que le autoriza a ampliar por un monto de G. 22.000 millones para la compra de equipamiento tecnológico y la renovación de licencias de software y suscripciones.