Paraguay tiene sobre la mesa una cartera de préstamos de inversión en gestión por aproximadamente US$ 1.671 millones al cierre de mayo de 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El paquete equivale a más de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2024 que, si bien aún no existe un único cronograma de desembolsos, el desglose de las operaciones muestra cuáles son las prioridades sectoriales y los socios financieros que respaldan al país. Se aclara que, a la fecha de este artículo, la etapa en la que se encontraban los créditos pudo haber sufrido alguna variación.
Los datos oficiales mostraron que, del total crediticio, US$ 101,6 millones contaban con aprobación legislativa y solo aguardaban la promulgación presidencial. Otros US$ 715 millones requerían todavía el visto bueno del Congreso Nacional, mientras que US$ 228,2 millones ya tenían contrato suscrito, pero exigían una ampliación presupuestaria para habilitar su ejecución. Mientras que, el bloque más avanzado ascendía a US$ 626,7 millones: disponía del decreto del Poder Ejecutivo que autorizaba el inicio de gestiones y, por tanto, podría entrar en fase de preparación de licitaciones y estudios de línea base. En conjunto, las cifras revelan que dos tercios de la cartera todavía dependían de trámites políticos y administrativos antes de transformarse en obra pública o programas sociales.
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Composición crediticia
Si se analiza el origen de los fondos, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lideraba con US$ 609,2 millones o 36,4% del total. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representaba US$ 459 millones (27,5%), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) US$ 251,7 millones (15,1%) y Taiwán US$ 200 millones (12%). El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) completaban la lista con 6,1% y 3%, respectivamente. Es de mencionar que la diversificación de acreedores reduce el riesgo de dependencia de una sola fuente de financiamiento, aunque obliga a gestionar distintos marcos de salvaguardias y métricas de desempeño.
En cuanto a los recursos de CAF, se concentraban en tres frentes. Por un lado, una Línea de Crédito Contingente de US$ 300 millones para reforzar la liquidez del Tesoro ante emergencias fiscales o desastres naturales, un esquema que ya utilizan varios países de la región. Por otro, US$ 135 millones apuntan a rehabilitar el tramo Concepción–Vallemí–San Lázaro de la Ruta PY22, estratégico para la fluidez del comercio, en general. Finalmente, US$ 74,2 millones financiarán la tercera fase de caminos vecinales y puentes, y otros US$ 100 millones ampliarán la cobertura de agua potable y alcantarillado en cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental. La mezcla de liquidez preventiva, infraestructura vial y saneamiento sugiere una estrategia de apoyo contracíclico combinada con proyectos de impacto social directo.
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El BID, segundo acreedor, distribuye su apoyo entre infraestructura y fortalecimiento institucional. Del bloque con decreto de inicio de gestión, US$ 200 millones corresponden al segundo tramo del Corredor Bioceánico en la Ruta PY-15. Además, US$ 154 millones se destinarían al saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí, uno de los proyectos ambientales de mayor visibilidad nacional; y US$ 75 millones financiarían la modernización de la Red Vial y la conectividad rural. A ello se suma un crédito de US$ 30 millones para consolidar la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
El préstamo de JICA, equivalente a US$ 251,7 millones, costeará la mejora de 154 km en el corredor Ñeembucú-Misiones y la rehabilitación de 25 km de travesías urbanas. En el plano social, el programa “Che Róga Porã”, respaldado por Taiwán con US$ 200 millones, ampliaría el acceso a crédito hipotecario y subsidios para vivienda.
El BNDES aportaría US$ 101,6 millones para la compra de aviones y tecnología de vigilancia aérea, dentro de un plan de modernización de la Fuerza Aérea orientado a la defensa del espacio aéreo y el combate al narcotráfico.
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Finalmente, la cartera de más de US$ 1.671 millones refleja un mapa de prioridades donde la infraestructura vial concentra más de la mitad de los recursos, seguida de saneamiento, vivienda, defensa y fortalecimiento institucional. La diversidad de acreedores y la segmentación por etapas ofrecen flexibilidad, pero también exigen coordinación fina entre el MEF, las unidades ejecutoras y el Congreso Nacional para maximizar el retorno económico y social de cada dólar prestado.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones