Todo indica que el presidente Santiago Peña firmaría en estos días el decreto que promulgue la Ley de Sistema Nacional de Pagos, una ley que tuvo un paso meteórico por el Congreso y con fuerte sospecha de ser una “ley a medida de los amigos”.
Pese a todas las dudas y controversias que generaron en particular dos incisos (e y q) del artículo 4° que podrían afectar la propiedad privada y que incluso fue señalada de inconstitucional, entidades muy ligadas al Ejecutivo salieron al paso con comunicados de apoyo a la citada norma que como esencia fundamental, busca regular los medios de pagos electrónicos del país.
Una de las primeras en salir al paso y en defensa de la controversial Ley fue la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), cuyo titular es Eduardo González, y pese a ser una institución autónoma, es el Ejecutivo quien designa a sus representantes.
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A favor de la interoperabilidad
La Conacom expresó que en su rol de autoridad de aplicación de la Ley N° 4956/2013 Defensa de la Competencia, recomendó al Banco Central del Paraguay (BCP) analizar la posibilidad de emitir o impulsar una regulación que permita la interconectividad e interoperabilidad entre las distintas empresas procesadoras de tarjetas que operan en el mercado, atendiendo la significativa importancia del procesamiento de tarjetas en el sistema financiero.
En este sentido, agregaron que “valoran positivamente que el BCP haya acogido favorablemente la recomendación formulada y haya impulsado el proyecto de ley Sistema Nacional de Pagos, que fue sometido a consulta pública”. Sin embargo, esto último dista un poco de la realidad, considerando que el reclamo de los agentes afectados, fue justamente el poco tiempo para la discusión y estudio más técnico, ni se tuvo en cuenta un pedido para postergar el estudio.
Además reclaman que en el borrador socializado con los mismos, llamativamente no estaban incluidos estos cuestionados incisos, que justamente establecen criterios que hasta rayan de inconstitucional, según las denuncias.
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Favorecerá a consumidores, según Sedeco
En la misma línea, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) también expresó su respaldo al proyecto de ley “Que regula el Sistema Nacional de Pagos”, porque sostienen que representa un paso fundamental hacia una mayor equidad, transparencia y protección en las relaciones de consumo.
Ambas instituciones alineadas al Poder Ejecutivo apoyaron esta ley que más que buscar la sana competencia en el mercado, busca distorsionar las reglas para “separa roles” y así favorecer a empresas amigas del Poder y muy ligadas al banco de moda de este gobierno, “ueno bank”
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Una ley a medida
Otra situación que preocupa en gran manera es que se meta la mano en las reglas del sistema financiero impulsando leyes a medida, que no saben del consenso técnico ni del interés general. “Este proyecto fue impuesto en la oficina, del Palacio de López donde el presidente es totalmente funcional a sus propios deseos personales de ser una persona que se enriquece a costa del pueblo“, disparó el diputado Mauricio Espínola