En medio de fuertes sospechas de favorecer intereses cercanos al oficialismo, el presidente Santiago Peña promulgó este viernes a última hora la Ley N° 7.503, que crea el Sistema Nacional de Pagos. La normativa fue aprobada en tiempo récord en el Congreso, lo que alimentó aún más las críticas por su contenido y por el proceso acelerado.
La ley tuvo un paso meteórico por ambas cámaras del Congreso y fue sancionada en cuestión de días, lo que generó duras advertencias desde distintos sectores por el riesgo de que se trate de una legislación “a medida de los amigos” del cartismo, especialmente por el alcance que otorga al Banco Central del Paraguay (BCP).
Uno de los puntos más cuestionados se encuentra en el artículo 4°, específicamente en los incisos e y q, los cuales, según expertos y constitucionalistas, podrían habilitar al BCP a intervenir en esquemas de propiedad privada y fueron señalados como inconstitucionales. Pese a las objeciones, el Poder Ejecutivo no solo avanzó con la promulgación, sino que entidades afines salieron rápidamente en defensa de la nueva normativa.
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) fue una de las primeras en emitir un comunicado en respaldo a la ley. La institución, cuyo titular Eduardo González fue designado por el Ejecutivo, defendió la normativa como un paso hacia la modernización del sistema financiero. Sin embargo, para analistas, este tipo de respaldo refuerza la percepción de que existe una alineación de intereses entre organismos públicos y el círculo cercano al Gobierno.
A pesar de que la ley tiene como objetivo central regular los medios de pago electrónicos en el país, críticos advierten que podría habilitar una excesiva discrecionalidad al BCP y abrir la puerta a posibles abusos, bajo la excusa de una supuesta eficiencia regulatoria.
A favor de la interoperabilidad
La Conacom expresó que en su rol de autoridad de aplicación de la Ley N° 4956/2013 Defensa de la Competencia, recomendó al Banco Central del Paraguay (BCP) analizar la posibilidad de emitir o impulsar una regulación que permita la interconectividad e interoperabilidad entre las distintas empresas procesadoras de tarjetas que operan en el mercado, atendiendo la significativa importancia del procesamiento de tarjetas en el sistema financiero.
En este sentido, agregaron que “valoran positivamente que el BCP haya acogido favorablemente la recomendación formulada y haya impulsado el proyecto de ley Sistema Nacional de Pagos, que fue sometido a consulta pública”. Sin embargo, esto último dista un poco de la realidad, considerando que el reclamo de los agentes afectados, fue justamente el poco tiempo para la discusión y estudio más técnico, ni se tuvo en cuenta un pedido para postergar el estudio.
Además, reclaman que en el borrador socializado con los mismos, llamativamente no estaban incluidos estos cuestionados incisos, que justamente establecen criterios que hasta rayan de inconstitucional, según las denuncias.
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Favorecerá a consumidores, según Sedeco
En la misma línea, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) también expresó su respaldo al proyecto de ley “Que regula el Sistema Nacional de Pagos”, porque sostienen que representa un paso fundamental hacia una mayor equidad, transparencia y protección en las relaciones de consumo.
Ambas instituciones alineadas al Poder Ejecutivo apoyaron esta ley que más que buscar la sana competencia en el mercado, busca distorsionar las reglas para “separa roles” y así favorecer a empresas amigas del Poder y muy ligadas al banco de moda de este gobierno, “ueno bank”.
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Una ley a medida
Otra situación que preocupa en gran manera es que se meta la mano en las reglas del sistema financiero impulsando leyes a medida, que no saben del consenso técnico ni del interés general. “Este proyecto fue impuesto en la oficina, del Palacio de López donde el presidente es totalmente funcional a sus propios deseos personales de ser una persona que se enriquece a costa del pueblo“, disparó el diputado Mauricio Espínola.