Estructura y cobertura desigual
Uno de los principales hallazgos del informe es la heterogeneidad en el alcance y la profundidad de los sistemas de protección social en la región. América Latina y el Caribe cuentan con sistemas contributivos, que están dirigidos a personas que realizaron aportes durante su vida laboral, y sistemas no contributivos, los cuales están orientados a quienes no lograron cotizar o no cumplieron con los años requeridos. Los últimos están financiados por el Estado como asistencia social. Actualmente, si bien algunos países han avanzado en la consolidación de ambos sistemas, aún persisten diferencias significativas en términos de acceso, calidad y financiamiento.
Según el informe, en promedio, el gasto público social en América Latina alcanzó el 13,5% del PIB en 2021, con fuertes disparidades entre países. Por ejemplo, mientras Brasil y Argentina presentan niveles relativamente altos de gasto en protección social, otras economías como Paraguay o Guatemala destinan montos considerablemente inferiores. Esta disparidad incide directamente en la capacidad de los Estados para garantizar prestaciones adecuadas, sostenibles y universales.
Por ello, la cobertura de los sistemas de pensiones refleja estas asimetrías. En algunos países, más del 80% de las personas mayores recibe algún tipo de ingreso, mientras que en otros esa proporción no supera el 30%. Este fenómeno se explica, en parte, por la elevada informalidad laboral, que impide a millones de trabajadores acumular derechos contributivos. El informe advierte que, sin políticas que integren a los trabajadores informales, la fragmentación de los sistemas persistirá.
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Empleo informal y protección social limitada
La informalidad persiste como una de las barreras más importantes para la ampliación de la protección social. En 2022, aproximadamente el 50% de los trabajadores de la región se desempeñaba en el sector informal, sin acceso a seguridad social, salud y pensiones. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también debilita la base financiera del sistema.
En este contexto, el informe resalta la importancia de avanzar hacia mecanismos más integrados, que no dependan exclusivamente de las contribuciones laborales. Esto implica fortalecer los sistemas no contributivos y promover políticas fiscales progresivas que permitan financiar transferencias universales, especialmente en contextos de alto desempleo o informalidad estructural.
Avances en transferencias monetarias y programas sociales
Durante la última década, varios países de la región fortalecieron sus programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Estos instrumentos demostraron ser eficaces para reducir la pobreza extrema, mejorar indicadores de salud y educación, y ofrecer cierto nivel de resiliencia frente a shocks económicos.
Sin embargo, el informe advierte que muchos de estos programas son focalizados, temporales o fragmentados. En algunos casos, las transferencias son bajas en monto y discontinuas, lo que limita su capacidad de generar mejoras sostenidas en el bienestar de los hogares. Además, existe el riesgo de que las presiones fiscales actuales lleven a recortes presupuestarios, lo cual afectaría negativamente a los sectores más vulnerables.
De hecho, Paraguay enfrenta varios de los desafíos estructurales mencionados. Con un gasto social por debajo del promedio regional, altas tasas de informalidad laboral y una cobertura limitada de seguridad social, el país se encuentra en una situación de rezago relativo. Si bien existen programas de transferencias como Tekoporã (que se encuentra dirigido a familias en situación de pobreza y pobreza extrema que cuenten con integrantes que se encuentren en la educación básica y media), estos tienen un alcance insuficiente frente a la magnitud de las carencias sociales.
En este punto, cabe recordar que Paraguay contó con una serie de programas sociales como Pytyvõ y Pytyvõ 2.0, que se centró en brindar asistencia a trabajadores informales durante la pandemia de covid. También, cuenta con otros programas de asistencia social, como por ejemplo, Tenonderã que apoya la promoción e inclusión socioeconómica, y las transferencias que reciben los adultos mayores, entre otros.
Sin embargo, la falta de un seguro de desempleo, la débil protección a trabajadores informales y las brechas en pensiones rurales muestran que el sistema paraguayo requiere una reforma integral. Para avanzar hacia un modelo más inclusivo, podría ser necesario ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del gasto y diseñar mecanismos que permitan universalizar la protección social, sin depender exclusivamente del empleo formal.
Hasta mayo de 2025, la ejecución del gasto social alcanzó los 13,9 billones de guaraníes. Del total, 4,5 billones de guaraníes (32,4%) se destinaron al sector educativo, 3,6 billones (25,7%) al sector salud, 2,9 billones (21,2%) a promoción y acción social, 2,5 billones (17,7%) a seguridad social, y 0,4 billones restantes (3,1%) a otros componentes del gasto social.
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Perspectivas fiscales y sostenibilidad
La sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social constituye otro de los grandes desafíos para la región. Si bien el informe reconoce los avances logrados en varios países para ampliar la cobertura, también señala que muchos de estos progresos no están acompañados de una base de financiamiento sólida.
La presión por reducir déficits fiscales y el bajo nivel de recaudación tributaria en muchos países dificultan la expansión de programas sociales de forma permanente. Por tanto, América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada. La pandemia y la crisis económica asociada demostraron la importancia de contar con sistemas sólidos de protección social. El desafío actual radica en consolidar y ampliar lo logrado, para superar las limitaciones de los esquemas contributivos tradicionales y apostar por modelos más universales, sostenibles y equitativos.
Esto exigirá voluntad política, reformas fiscales y un compromiso renovado con los derechos sociales como pilar del desarrollo. En países como Paraguay, donde las brechas son más marcadas, el impulso a una agenda de protección social inclusiva no solo será deseable, sino imprescindible para reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.