El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, debía recibir el pasado viernes las ofertas de la licitación pública internacional para el diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cuenca Lambaré.
La infraestructura sanitaria, cuyo precio de referencia es de G. 236.575 millones (unos US$ 30,3 millones), se construirá en el Bañado Sur de Asunción y tratará los desechos de más de 400.000 habitantes de Lambaré, Fernando de la Mora y parte de la capital del país.
Este es el segundo llamado dentro del plan integral para la cuenca, correspondiente al “Diseño y construcción de las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y emisario subfluvial de la cuenca Lambaré”, registrado con el ID 459555 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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Las prórrogas
La convocatoria fue publicada en enero de este año. Originalmente, la apertura de ofertas debía realizarse el 21 de abril, pero el MOPC ha venido posponiendo la fecha sin brindar explicaciones, y sin publicar las adendas que modificaron los plazos. Para el pasado viernes 6 de junio estaba prevista la recepción de propuestas, pero fue nuevamente aplazada para el 4 de julio, según figura en el portal de Contrataciones Públicas.
Este diario intentó obtener una explicación por parte de la Ing. Claudia Crosa, directora de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC, pero no obtuvo respuesta.
La obra contempla la construcción de una planta con capacidad para procesar 2.226 litros por segundo de aguas residuales, que serán tratadas y devueltas al río Paraguay de manera controlada y segura mediante un emisario subfluvial.
El proyecto busca reducir la contaminación del río Paraguay, preservar el acuífero Patiño y generar empleos tanto en la etapa de construcción como durante la operación de la planta.
Un plan de US$ 165 millones que avanza a paso lento
Esta licitación forma parte de un plan integral para mejorar las condiciones sanitarias en la cuenca Lambaré, así como en Asunción y Fernando de la Mora, con una inversión total estimada en US$ 165 millones.
Para ello, el 24 de abril de 2023 se sancionó la Ley Nº 7074, que aprueba un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$ 105 millones, y con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España por hasta US$ 60 millones, destinados al financiamiento del proyecto “Agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Asunción – Cuenca Lambaré”.
Sin embargo, el MOPC, responsable de la ejecución, aún no ha iniciado las obras ni ha adjudicado ningún contrato, a pesar de que el Estado ya comenzó a pagar intereses por los fondos no utilizados. La institución tampoco ha informado cuánto se ha desembolsado hasta la fecha por este concepto.
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En primer llamado calificaron a consorcios con ofertas “de oro”
El 13 de noviembre del año pasado, el MOPC también recibió las ofertas del primer llamado del plan, correspondiente al proyecto de “Diseño y construcción de cuencas menores y principal de Lambaré” (ID 451810).
Este proyecto incluye la construcción de colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, aliviaderos, cámaras rompepresión y sistemas de automatización y control remoto, para transportar los efluentes hacia una futura PTAR.
Luego de la evaluación técnica (sobre 1), el MOPC descalificó a tres de las cinco empresas oferentes, y quedaron habilitados solo dos consorcios para la apertura de las ofertas económicas (sobre 2): el Consorcio Sanitario Lambaré (Constructora Heisecke S.A. y Tecma S.A.) y el Consorcio Ysaka (Supercemento S.A.I.C. y Tecnoedil S.A. Constructora).
El 20 de febrero pasado se abrieron las ofertas económicas, y ambas superaron ampliamente el presupuesto oficial de G. 280.703 millones (casi US$ 36 millones): el Consorcio Sanitario Lambaré ofertó G. 474.594 millones (69% por encima), y el Consorcio Ysaka presentó G. 495.516 millones (76,5% más).
El MOPC no ha explicado las razones de la descalificación de las tres empresas ni si los altos montos motivarán la cancelación del llamado para buscar ofertas más competitivas. Las empresas descalificadas presentaron protestas ante los financistas del proyecto, pero hasta la fecha no se conocen los resultados de dichas gestiones.
Cabe señalar que esta licitación se rige por las políticas del BID y no por la Ley de Contrataciones Públicas, lo que suele aprovecharse para no transparentar los procesos.