La propuesta forma parte del libro “Reforma Integral de la Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, de la autoría del Cnel (R) y contador público, Felipe Valentín Mercado Larramendia; y del Cnel. (R) e ingeniero civil y militar, Julio Praxedes Scarone.
El libro será presentado esta tarde, a las 17:00 horas, en el salón auditorio Augusto Roa Bastos de la Biblioteca del Congreso Nacional, y la intención de los autores es presentar posteriormente como proyecto de ley al Congreso para su estudio y aprobación.
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Mercado Larramendia dijo a ABC que ya tienen redactado el proyecto de ley con las propuestas planteadas en el libro, incluyendo el aporte del Estado a la Caja Fiscal y los impuestos adicionales para la gente de altos ingresos.
“No va a afectar a la población en general”, señaló el militar retirado al considerar que el impuesto planteado se aplicará a un sector de altos ingresos y no como sucede actualmente, que el déficit se financia con todos los impuestos pagados por la ciudadanía.
Modelo actual de la Caja Fiscal es insostenible
El análisis de los autores indica que el modelo actual de reparto puro es insostenible, que carece de control independiente, de transparencia y de diversificación en las fuentes de financiamiento.
Afirma que la actual Caja Fiscal no tiene estructura dinámica adaptada a lo que exigen estos tiempos, el Estado paraguayo no realiza aportes patronales, lo que agrava el déficit; aumento de la longevidad, existen parámetros diversos, como edad de jubilación, tareas de reemplazo y años de aportes.
La reforma planteada por los militares retirados apunta a una transformación profunda basada en cuatro principios clave: sostenibilidad financiera, participación de los afiliados en la administración de los fondos, equidad en aportes y beneficios, y adaptabilidad al cambio demográfico.
Además, incluye la creación de fondos comunes y fondos de reserva que serán invertidos estratégicamente para generar rentabilidad y cubrir déficits.
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También se plantea un sistema de aportes progresivo, beneficios ajustados periódicamente por inflación y salarios, auditorías externas, y la participación activa de los afiliados en la toma de decisiones.
“El proyecto propone además fuentes innovadoras de financiamiento como impuestos específicos a transacciones financieras, grandes patrimonios y bienes de lujo”, señalan los autores.
Aporte jubilatorio progresivo de los funcionarios
En el libro se plantea que para asegurar la sostenibilidad de la Caja Fiscal se establezca aportes escalonados en función de los ingresos de los afiliados, fuentes de financiamiento adicionales y, una serie de incentivos fiscales.
Con respecto al aporte, introduce un sistema progresivo con el objetivo de que los afiliados contribuyan en proporción a sus ingresos, que iría desde 10%,12%, 15%, 16%, 18% y 20%.
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Igualmente, introduce un aporte voluntario adicional, para que los afiliados incrementen sus beneficios jubilatorios que irían desde 2%, 4%, 6% de los ingresos mensuales. A esto se suma que los que hagan el aporte adicional serán beneficiados con incentivos fiscales.
Como fuente de financiamiento adicional se propone la obligatoriedad de un aporte estatal como contribución patronal, como se aplica en otros sistemas previsionales nacionales e internacionales.
Proponen crear impuestos para financiar la Caja Fiscal
La propuesta de reforma incluye la creación un “Impuesto a las Transacciones Financieras Específicas (ITFE)”, que gravará las transacciones financieras de alto valor, tales como la compra y venta de acciones, bonos y otras operaciones en el mercado de capitales.
Este impuesto se aplica a las transacciones que superen un monto mínimo equivalente a 1.400 salarios mínimos (US$ 500.000 a la fecha)”, y la tasa es progresiva, del 0,1 al 0,4%, aumentando a medida que el valor de la transacción es mayor.
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Igualmente, el “Impuesto a las Ganancias de Capital (IGC)”, que gravará las ganancias obtenidas de la venta de activos como propiedades inmobiliarias, acciones, o inversiones.
Señala que se aplicará únicamente a las ganancias de capital cuyos montos sobrepasen el equivalente a 55 salarios mínimos (US$ 20.000 a la fecha), garantizando que no afecte a los pequeños inversionistas.
“La estructura de este impuesto también es progresiva, del 5 al 15%, con tasas que incrementan en función de la magnitud de la ganancia obtenida”, añade.
También el “Impuesto a Grandes Patrimonios (IGP)” que será aplicado sobre patrimonios elevados, incluyendo inmuebles, inversiones y bienes de lujo.
“El IGP tiene una tasa anual progresiva, del 0,5 al 3%, que incrementa en función del valor del patrimonio, aplicándose únicamente a quienes poseen bienes cuyo valor iguale o sobrepase al monto equivalente a 2.781 salarios mínimos (US$ 1.000.000 a la fecha) que deberán pagar una tasa anual“, indica.
Se suma el “Impuesto al Consumo de Bienes de Lujo (ICBL)”, que se aplicará al consumo de bienes de lujo y productos no esenciales de alto costo, como automóviles de alta gama, joyería, embarcaciones, aviones privados y otros productos de lujo cuyo valor iguale o sobrepase al monto equivalente a 1.400 salarios mínimos (US$ 500.000 a la fecha) que deberán pagar una tasa variable, del 5 al 15%, anual, según el libro.