Este volumen de activos representa el 10,16% del portafolio total, lo que pone de manifiesto su relevancia dentro del conjunto de inversiones u operaciones patrimoniales bajo gestión pública. A pesar de esta importante participación, el rendimiento promedio de estos inmuebles de renta apenas alcanza el 0,56% anualizado, lo cual resulta alarmantemente bajo si se compara con otras formas de inversión disponibles en el mercado, ya sea en instrumentos financieros o incluso en sectores inmobiliarios del ámbito privado.
Actualmente, el total de inmuebles de renta por cuenta corriente catastral se ubica en 776, de los cuales 51 se encuentran aún en proceso de transferencia. El valor total de estos inmuebles en proceso asciende a G. 11.540 millones, lo que representa un pequeño porcentaje del total contable, pero indica que el inventario de activos aún está en evolución, con posibilidades de cambios en su composición y administración.
Desde una perspectiva económica, esta situación plantea varias inquietudes. La primera tiene que ver con la eficiencia en el uso de los activos públicos. Un rendimiento promedio del 0,56% sugiere que los ingresos obtenidos a través del alquiler de estos inmuebles son notablemente bajos en relación con su valor contable. Si bien puede haber razones estructurales, legales o sociales que limiten una rentabilidad de mercado más alta, el margen actual plantea dudas sobre la gestión activa de dichos activos y su contribución real a las finanzas públicas.
En contextos de restricciones presupuestarias y necesidad de optimizar recursos fiscales, mantener activos de alto valor con bajo retorno implica un costo de oportunidad elevado. En otras palabras, el capital inmovilizado en estos bienes podría generar mayores beneficios si se canalizara hacia alternativas más rentables.
Otra lectura posible es la necesidad de revisar el marco institucional y de gobernanza que regula la administración de bienes de la entidad previsional. La baja rentabilidad podría reflejar problemas estructurales en cuanto a valorización, mantenimiento, ocupación irregular o subutilización de inmuebles. En ese sentido, un plan integral de auditoría, modernización catastral y estrategia de puesta en valor podría convertirse en una herramienta clave para mejorar tanto la rentabilidad como la transparencia del uso de activos públicos.
Además, el dato de participación del 10,16% en el portafolio total invita a reflexionar sobre la composición del mismo y el grado de diversificación. Si una décima parte del portafolio tiene rendimientos cercanos a cero, entonces los otros activos deben tener un rendimiento significativamente mayor para compensar y lograr un retorno agregado aceptable. Esto podría derivar en una sobrecarga en otras áreas del portafolio que, al tener que generar mayores ingresos, se ven expuestas a mayores niveles de riesgo.
Por último, desde una óptica más macroeconómica, el bajo rendimiento inmobiliario en el sector público contrasta con el dinamismo que suele observarse en el sector privado. Esto sugiere una desconexión entre la gestión previsional de inmuebles y las condiciones reales del mercado, lo cual podría abordarse mediante la apertura a esquemas de administración público-privados, concesiones o subastas transparentes, buscando maximizar el uso del patrimonio del IPS.
En conclusión, los datos disponibles ofrecen una radiografía clara: el Instituto de Previsión Social mantiene un volumen considerable de activos inmobiliarios que, si bien representan una parte relevante del portafolio patrimonial, rinden por debajo de cualquier estándar razonable de eficiencia económica. Transformar esta realidad requerirá no solo voluntad política, sino también reformas institucionales y una visión estratégica de largo plazo que reconozca al patrimonio en análisis como un instrumento activo del desarrollo y no como una mera acumulación de bienes.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.