La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigida por Agustín Encina, siguen ignorando los reiterados incumplimientos de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.
En el caso del órgano contralor, supuestamente inició en febrero una revisión documental a este proceso de compra de Petropar, presidida por Eddie Jara, con miras a determinar la apertura de una auditoría o fiscalización. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre ningún avance, pese a las constantes ampliaciones de plazos.
Desde hace varias semanas, este medio ha solicitado respuestas al contralor Benítez, quien ha evitado brindar declaraciones, a pesar de las evidentes irregularidades en la adjudicación, las adendas cuestionadas que extendieron los plazos —posiblemente en violación de la Ley Nº 7021/22— y, sobre todo, el incumplimiento en la entrega del combustible. La empresa aún no ha entregado ni una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoil contratadas, cuyo valor asciende a US$ 61 millones.
La Dirección General de Contrataciones de la Contraloría, bajo la responsabilidad del abogado Paul Ojeda, es la dependencia encargada de llevar adelante estas revisiones. Empero, el funcionario también guarda silencio, pese a que ya han transcurrido casi ocho meses desde la compra “urgente” realizada por Petropar.
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Contraloría tiene otras prioridades
El subcontralor general, Augusto Paiva, había manifestado en abril último que, tras Semana Santa, se definiría la apertura de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI). No obstante, hasta el momento no se han reportado avances. En esa ocasión, afirmó que se habían solicitado nuevos documentos a la estatal, que se sumarían a los remitidos en febrero.
Actualmente, la CGR está priorizando el pedido de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Según sectores de la oposición, el órgano contralor estaría siendo utilizado como un “garrote” político contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien pertenece a la oposición.
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DNCP tampoco actúa de oficio, pese a las irregularidades que detectó
Por su parte, la DNCP tampoco ha iniciado una investigación de oficio, a pesar de las serias observaciones que realizó en su momento, cuando autorizó la publicación de las primeras cuatro adendas que extendieron los plazos otorgados a la firma catarí.
En total ya se firmaron seis adendas. Las dos últimas —mediante las cuales Petropar extendió los plazos de entrega, primero hasta el 30 de abril y luego hasta finales de mayo (aunque esta última fecha aún no fue oficializada)— ni siquiera han sido publicadas. Estos documentos también deberían ampliar la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, por US$ 3.050.000, presentada mediante declaración jurada firmada por Khalifa Hamad Al-Thani.
Ayer ABC consultó nuevamente al titular de la DNCP respecto a las adendas que siguen sin publicarse, pero Encina no respondió. El director de Contrataciones evita dar explicaciones sobre esta cuestionada adquisición de Petropar, realizada con el “procedimiento especial” de contratación, con publicación posterior de los documentos, dificultando así el seguimiento ciudadano en tiempo real de las compras públicas.
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Lo cierto es que la DNCP objetó en su momento a que Petropar se limitara a extender la vigencia del contrato sin establecer un cronograma de entrega, lo que va en contra de lo establecido en la Ley Nº 7021/22 y sus reglamentaciones. El organismo sostuvo que, al extenderse la vigencia del contrato, también debía prorrogarse el plazo de ejecución, pero ni se molestó en abrir una investigación.
Lo concreto es que los plazos originales para la provisión del gasoil vencieron entre octubre y noviembre del año pasado. En este contexto, el artículo 67 de la Ley 7021 establece que solo puede modificarse hasta un 20% del monto o del plazo del contrato, y únicamente en caso de circunstancias imprevistas que no otorguen ventajas respecto a las condiciones originales.
Petropar también habría violado esta disposición, aparentemente para beneficiar a la firma extranjera, sin que hasta ahora ninguna institución de control haya reaccionado.