El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer su informe sobre los resultados financieros al mes de abril de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 230.157 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 67.946 jubilados y 12.206 pensionados.
Los datos al cuarto mes del año son alarmantes, pero el gobierno de Santiago Peña no da señales sobre el compromiso asumido de reformar el sistema de jubilaciones del sector público.
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Un análisis realizado por el MEF y entregado a los diputados el año pasado, advierte que en dos años más se agotarían los recursos y el déficit se deberá cubrir por completo con recursos del Tesoro.
Los funcionarios activos aportan el 16% de sus ingresos, pero estos fondos no alcanzan para cubrir los gastos porque los beneficios son muy diferentes entre sectores, de ahí la importancia de impulsar una reforma.
Déficit al mes de abril
En abril el saldo rojo fue de G. 206.686 millones (US$ 26 millones al cambio vigente), que equivale a 42% de diferencia entre los aportes obtenidos y el pago de haberes jubilatorios a los beneficiarios.
Con este resultado el déficit acumulado en cuatro meses trepó a G. 814.352 millones (US$ 102,6 millones), que representa una brecha del 43% que se cubre en su mayor parte con los impuestos pagados por la ciudadanía.
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La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, que mantiene un superávit de 11% al cierre de abril.
En tanto, los demás como magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros acumulan déficit del 30%, 23%, 74%, 63% y 48%, respectivamente.
Ni reforma ni superintendencia
El gobierno, a través del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció en el mes de enero que este año presentarían un proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, pero hasta ahora no hay señales.
A la par de la demora en impulsar el plan de reforma, tampoco se logró poner aún en funcionamiento la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones tras un año y cinco meses de haberse promulgada la ley de creación.
La pasada semana el Ejecutivo nombró con carácter provisional a dos representantes del sector trabajador como miembros del Consejo de Seguridad Social, pero aún faltan los representantes del sector de jubilados.
El Consejo de Seguridad Social tiene como función elevar a consideración del presidente de la República la terna de candidatos para la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que se encargará de supervisar a las cajas de jubilaciones y pensiones públicas y privadas.