La evidencia internacional demuestra que el gasto en inversión pública supera al gasto corriente en su efecto multiplicador sobre el crecimiento económico.
Según el informe, un aumento de 1% del producto interno bruto (PIB) en inversión pública podría impulsar el crecimiento del PIB en 2,7% en economías de mercado emergentes. Sin embargo, el gasto en inversión pública de América Latina y el Caribe, entre 2019 y 2022, apenas representó 3,6% del PIB, cifra inferior al 4,6% registrado por los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
Pese a su importancia, los resultados de la inversión pública dependen fuertemente del nivel de eficiencia con el que se gestionen los recursos. El informe advierte que, en promedio, la región pierde 41% de los recursos destinados a infraestructura debido a ineficiencias, superando el promedio global (35%). Asimismo, estima que las deficiencias en adquisiciones públicas generan pérdidas de aproximadamente 1,4% del PIB.
El BID identifica que la baja eficiencia se manifiesta en una pobre selección de proyectos, sobrecostos, atrasos y obras de baja calidad. A nivel institucional, las principales debilidades se concentran en las fases de planificación estratégica, evaluación previa de proyectos y evaluación posterior. Un análisis realizado sobre 16 países de la región, entre los cuales se encuentra Paraguay, refleja que el índice de eficiencia en gestión de inversión pública alcanza un promedio de 2,5 en una escala de 4.
El estudio examina también experiencias internacionales donde diversos países lograron fortalecer la gestión de la inversión pública adaptándola a sus propios contextos políticos, económicos e institucionales. Entre ellos se encuentra Chile, que inició su proceso de mejora en 1979, con la creación del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), como parte de un programa de disciplina fiscal. A partir de esta iniciativa, el país estableció bancos de proyectos y desarrolló programas de capacitación dirigidos a funcionarios públicos, lo que permitió construir las bases de un sistema enfocado en la evaluación social de las iniciativas de inversión pública.
No obstante, a pesar de estos avances, Chile todavía no dispone de un plan nacional de infraestructura de largo plazo.
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Además del análisis de casos, el informe estudia los arreglos institucionales actuales en América Latina y el Caribe. Se destaca una importante heterogeneidad entre los países de la región en cuanto a la formalización de marcos regulatorios, la participación de actores clave y los procesos de gestión de proyectos. En varios casos, la falta de evaluación previa independiente y la ausencia de criterios de proporcionalidad para el análisis de proyectos limitan la eficiencia del gasto.
América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de fortalecer sus sistemas de inversión pública para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar su crecimiento económico. La región cuenta con experiencias valiosas en sus propios países y con ejemplos internacionales que ofrecen un camino posible para avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y estratégica de la inversión pública.
Paraguay: avances y desafíos en gestión de inversión pública
En el contexto de América Latina y el Caribe, Paraguay ha emprendido esfuerzos significativos para fortalecer la gestión de su inversión pública mediante reformas normativas recientes.
En 2010, el Decreto 5374 fijó los lineamientos generales para el diseño y coordinación de políticas, normas y procedimientos para el funcionamiento del SNIP.
En 2013, se promulgó la Ley 5102, orientada a la promoción de la inversión en infraestructura pública y la ampliación de bienes y servicios estatales. Posteriormente, en 2015, se establecieron los procesos y roles interinstitucionales del SNIP a través del Decreto 3944.
En 2016, el país actualizó su marco legal mediante dos decretos importantes: el Decreto 6495, que complementó y ajustó la estructura del SNIP, y el Decreto 6496, que definió la capitalización del Fondo de Preinversión.
Esta modernización formó parte de una tendencia regional orientada a mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público.
En 2017, el Decreto 7011 reglamentó el funcionamiento del Fondo de Preinversión, fortaleciendo así la estructura de apoyo a los proyectos de inversión. Más recientemente, en 2020, se promulgó la Ley 6490, que introdujo disposiciones adicionales sobre inversión pública, complementando el marco normativo existente y buscando fomentar una mayor participación privada y eficiencia en la ejecución de los proyectos.
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El análisis del estudio del BID menciona que, en cuanto a la legislación primaria, Paraguay se ubica entre los pocos países de la región que poseen una normativa específica sobre inversión pública, situación que comparte con Argentina, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Esta estructura normativa proporciona una base legal más sólida para la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.
A pesar de los avances, el informe señala que, en Paraguay, como en otros países de la región, persisten desafíos relacionados con la independencia de la evaluación previa de proyectos.
El hecho de que las entidades formuladoras participen también en la evaluación ex ante puede afectar la objetividad y calidad de los análisis de viabilidad. Este riesgo subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación independientes para mejorar la selección de proyectos y la eficiencia del gasto público.
Asimismo, el BID destaca que Paraguay deberá enfrentar como próximos desafíos la implementación efectiva de sus marcos regulatorios, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y la adopción de buenas prácticas internacionales adaptadas a su realidad local, con el objetivo de maximizar el impacto de sus inversiones y potenciar su crecimiento económico.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.