A través del Decreto N.º 3813, del 25 de abril, el Ejecutivo establece los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de los presupuestos institucionales.
Los lineamientos son el marco de referencia para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, así como para la programación del presupuesto plurianual 2026-2028.
El decreto fue preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con la aprobación del Ejecutivo, se inician al proceso que finalizará con la presentación del proyecto de PGN 2026 al Congreso, a más tardar el 1 de setiembre, para su estudio y aprobación.
La cartera de Economía informó que este instrumento constituye la base técnica y normativa para todos los organismos y entidades del Estado en la elaboración de sus presupuestos institucionales, enmarcados en criterios de eficiencia, equidad, sostenibilidad y alineación con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
“En este marco, se priorizarán las intervenciones orientadas al fortalecimiento de la salud, la educación, la seguridad, la protección social y las inversiones en infraestructura, en línea con los ejes de desarrollo más relevantes para la ciudadanía”, indica la nota.
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Destaca, en ese sentido, la necesidad de que el gasto público esté alineado con la capacidad real de financiamiento, respetando las metas de déficit fiscal y promoviendo medidas de racionalización, para lo cual las instituciones deberán optimizar sus recursos y evitar duplicidades, asimismo se introduce medidas de racionalización del gasto público.
Plan de convergencia fiscal
El plan de convergencia fiscal del gobierno de Santiago Peña prevé para el presente ejercicio cerrar con un déficit fiscal equivalente a 1,9% del PIB y para el próximo ejercicio reducirlo al tope de 1,5% del PIB que establece la ley de responsabilidad fiscal.
La reducción del déficit al tope de la ley fiscal es un compromiso asumido por Peña tras asumir el cargo y extender el plazo de convergencia que había fijado para 2024 el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez.
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El gobierno para ampliar el plazo argumentó que heredó deudas con contratistas de obras públicas y empresas farmacéuticas por US$ 600 millones que debían ser pagados y esto impactaría en el déficit ese año, por lo que se necesitaba de un mayor plazo para volver al tope legal.
Según el nuevo plan, en 2023 cerró con déficit de 4,1% tras cumplirse el pago de la deuda y que al año siguiente lo disminuyeron al 2,6% del PIB.
La administración central arrastra déficits desde 2012, cuando se otorgó en el Parlamento un aumento salarial del 30% y desde 2019 se mantiene por encima del tope legal, primero por la fuerte sequía que afectó al país, luego por la pandemia por covid-19 y últimamente por las deudas heredadas.
Aumento salarial y creación de cargos
El MEF advierte que las instituciones no podrán incorporar en sus anteproyectos incrementos salariales, salvo aquellos vinculados al sueldo mínimo legal, y que se aplicarán criterios estrictos para la creación o modificación de cargos, especialmente en el caso de docentes y personal de seguridad.
Además, señala que se prohíbe expresamente la inclusión de gastos superfluos, como souvenirs, arreglos florales, catering institucional, agasajos, celebraciones y similares, priorizando exclusivamente aquellos que sean esenciales para el cumplimiento de los fines.
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Añade que también se contemplan directrices específicas para la programación de inversiones públicas, la inclusión de proyectos con código SNIP vigente, y la vinculación de los recursos del crédito con cronogramas de ejecución realistas y sostenibles.
“Con estos lineamientos, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una gestión pública moderna, transparente y orientada a resultados, que garantice el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de toda la ciudadanía”, asegura el MEF.