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La caja previsional del sector público cuenta con 235.253 funcionarios activos, que aportan el 16% de sus ingresos para el fondo de jubilación, mientras la cantidad de jubilados y pensionados asciende a 79.322 personas.
El aporte que realizan los funcionarios activos, sumados a los otros ingresos que recibe la Caja Fiscal, no alcanza para cubrir el pago mensual de los haberes de los jubilados y pensionados.
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Al cierre del primer trimestre del año, el ingreso acumulado asciende a G. 812.634 millones (US$ 101,8 millones), en tanto que los gastos de ese mismo periodo superan los G. 1,4 billones (US$ 177,9 millones).
La brecha entre los ingresos registrados y los gastos ejecutados, representa G. 607.666 millones (US$ 76,1 millones), equivalente a un déficit del 43%.
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Según los datos del MEF, el déficit por mes que registra la entidad es el siguiente: en enero, G. 173.350 millones (US$ 21,8 millones), equivalentes al 38%; en febrero, G. 232.517 millones (US$ 29,1 millones), que representan 47%; y en marzo, G. 201.799 millones (US$ 25,2 milones), que equivalen a 43%.
Déficit se financia con subsidio del Tesoro
El resultado financiero acumulado al cierre del primer trimestre por sectores es como sigue: de empleados públicos, mantiene un superávit de 13%; en tanto que los de magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros acumulan un déficit del 29%, 23%, 73%, 60% y 51%, respectivamente.
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Una parte de la diferencia negativa se financia con recursos del sector con superávit y, la mayor parte, con el subsidio que cada mes inyecta el Tesoro Público, fondos que provienen de la recaudación de impuestos pagados por toda la ciudadanía.
El gobierno de Santiago Peña, a través del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció en enero que este año presentarían un proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, anunció que hasta ahora no se concretó.
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Según dijo Fernández Valdovinos en esa oportunidad, la expectativa era que el proyecto reciba la media sanción antes de fin de año y que si esto sucede, la discusión se trasladará al 2026, en plena etapa electoral y coincidencia que podría postergar aún más el proceso de reforma.
El gobierno, sin embargo, tiene mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para acelerar su sanción, como ya lo hicieron con otras leyes.