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En el Anexo IV de la Resolución 143/2025 se fijan los precios aplicables a las centrales compartidas con Paraguay (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande). A partir de las transacciones económicas de abril, se establece un precio por la Potencia Hidroeléctrica Binacional (PPHBi) de 3.850.855 pesos argentinos por megavatio-mes (equivalente a unos 3.690 dólares al tipo de cambio oficial de ayer de 1.075 pesos por dólar) y un Precio por la Energía Generada Hidroeléctrica Binacional (PEHBi) de 11.021 pesos por MWh, es decir, apenas 10,25 dólares por megavatio-hora.
Este nuevo valor contrasta fuertemente con la tarifa oficial vigente de US$ 51/MWh reconocida por Yacyretá, pero no por la Administración Nacional de Electricidad, ni aprobada por el Congreso paraguayo, en la Nota Reversal de enero de 1992.
Yacyretá: esperan decreto de Javier Milei
Esta movida ocurre justo cuando se esperaba un decreto del presidente Javier Milei para formalizar un acuerdo provisional con Paraguay, que permita ordenar las finanzas de la binacional. Según declaraciones recientes del consejero paraguayo en la EBY, Ing. Ángel María Recalde, ese acuerdo transitorio permitiría que la entidad comience a percibir US$ 28 por MWh. Muy por debajo de la tarifa oficial, pero significativamente superior al nuevo valor fijado por Argentina.
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Cabe recordar que, actualmente, Argentina venía pagando entre US$ 16 y US$ 17 por MWh —dependiendo del tipo de cambio— mientras que la ANDE abona US$ 22,63 por MWh desde 1997. Ahora, con el PEHBi de apenas US$ 10,25/MWh, surge una pregunta clave: ¿quién se hará cargo de la diferencia entre esa tarifa y los valores reconocidos como oficiales? ¿Será la EBY la que asuma el desfasaje? ¿Argentina compensará esa diferencia o se descargará el peso sobre el Estado paraguayo?
Aunque desde la oficina de Yacyretá en Paraguay señalan que “esto no afecta a MD (Margen Derecha). Es una resolución para el mercado interno argentino”, la preocupación no es menor. Aceptar estos nuevos valores sin una negociación formal o revisión del marco legal vigente podría sentar un precedente que afecte seriamente los ingresos de Yacyretá y, por ende, los intereses paraguayos.