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Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, aceleró un nuevo procedimiento especial de contratación, con la publicación posterior de los documentos, para la adquisición de una cantidad máxima de 80.000 metros cúbicos de gasoil, que debe ser entregado a la estatal entre este abril y mayo. El llamado urgente fue publicado el 25 de marzo y las ofertas se recibieron el 27, según los datos disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Sin embargo, debido a la modalidad utilizada, ningún documento ha sido publicado aún, excepto el pliego de bases y condiciones, por lo que aún no se sabe qué empresas se presentaron ni el monto de referencia de la compra urgente del carburante, que debe ser entregado en el Km 171 del Río Paraná Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF).
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Esta adquisición se está apurando en medio de los incumplimientos en la entrega de gasoil por parte de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. La citada compañía debía entregar 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un valor de US$ 61 millones, pero no lo hizo después de más de seis meses desde la adjudicación.
A pesar de esta situación, Petropar está evaluando la firma de otra adenda para seguir otorgando más tiempo a la privilegiada empresa catarí, mientras acelera esta nueva compra de gasoil mediante una cuestionada modalidad de contratación.
Llamativa preferencia por el procedimiento especial
La administración de Eddie Jara ha demostrado una preferencia llamativa por recurrir a un procedimiento especial para la compra de gasoil. Con esta modalidad de licitación, la petrolera pública ha logrado poca transparencia en el uso de recursos públicos, ya que ha evitado la publicación de los documentos de adquisición antes de la firma del contrato e incluso ha ocultado los mismos durante mucho tiempo después de dicho acto administrativo.
La ley N° 7.021 habilita a la estatal a realizar este tipo de procesos para la compra de combustible (Art. 35, inc. “f”), ya que actúa en régimen de competencia con el sector privado y tiene “relación directa con su giro comercial”, según la normativa.
Pero esto no le exime del cumplimiento de la normativa vigente, pero la estatal ha aprovechado esta modalidad para contratar a empresas de dudosa procedencia y sin experiencia en el rubro de los combustibles, como en el caso de Doha Holding o la Uruguaya Ormalor. Además, lo ha utilizado con la intención de eludir la normativa vigente.
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La DNCP reglamentó dicho procedimiento a través de la resolución N° 2.198/2024, estableciendo los lineamientos específicos bajo los cuales Petropar puede acogerse a este mecanismo para la adquisición de crudo, productos derivados del petróleo o biocombustibles.
Resolución de DNCP facilitó la contratación de firma catarí
Esta resolución, emitida por la DNCP en agosto del año pasado, facilitó la contratación de la firma catarí Doha Holding. En este documento, Contrataciones incluso permitió el uso de una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento, dejando a criterio de la petrolera los plazos y requisitos estándar para la contratación, lo que sospechosamente favoreció a la firma vinculada a Alejandro Domínguez Pérez.
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El documento de contrataciones estableció que la empresa pública puede utilizar un procedimiento especial de contratación para aprovechar los precios de los productos requeridos, que están sujetos a variaciones constantes, y para “aprovechar los momentos en que se presenten mejores condiciones en insumos o bienes de adquisición recurrente que son indispensables para atender la función misional”.
En el caso de la contratación de la firma catarí, el argumento de Petropar fue justamente el precio “inmejorable” para realizar la compra a través de un procedimiento especial. Sin embargo, ante el incumplimiento de la empresa, ya le otorgaron cuatro prórrogas, y está en proceso una quinta postergación. Esto estaría violando el artículo 67 de la ley 7.021, que establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos. En este caso, Petropar ya ha triplicado el plazo contractual.
Todo apunta a que la ley no será aplicada en el caso de Doha Holding Group, ya que, ante el incumplimiento de su contrato, se debería rescindir el acuerdo con la empresa y reclamarle la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).
