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Unas 7.000 personas llegaron ayer en la Plaza de la Democracia para la XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular. La movilización, encabezada por la Federación Nacional Campesina (FNC), denunció la concentración de tierras, la corrupción gubernamental y la falta de políticas en favor de la producción nacional.
El evento no estuvo exento de tensiones. Apenas al salir del Seminario Metropolitano, donde se inició la marcha hacia la plaza del microcentro capitalino, el comisario José Aguiar intentó impedir que la prensa acompañara a los manifestantes. Ante esta situación, Marcial Gómez, secretario general de la FNC, lo acusó de “prepotente y querer incidentar la marcha”. Este hecho fue interpretado por los organizadores como un intento de limitar la cobertura mediática de la protesta.
Durante el acto central, Gómez fue enfático al señalar que la concentración de tierras es el principal obstáculo para el desarrollo del país. “El 85% de la tierra está en manos del 2% de la población”, denunció. Además, criticó la política de desalojos forzosos, que afectan tanto a comunidades campesinas como indígenas.
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Las críticas también alcanzaron al presidente Santiago Peña. “Dijo que estaríamos mejor, pero la realidad es que estamos peor. En dos años, de vivir en alquiler, ahora es un multimillonario. ¿Eso acaso no es corrupción, no es robo?”, cuestionó.
Según Gómez, el Estado se ha convertido en “agencia de empleo” para familiares de funcionarios, mientras la clase obrera enfrenta transporte precario, desempleo y migración forzada.
El modelo agroexportador también fue duramente criticado. “Envenena nuestra comunidad, nuestra agua, destruye la naturaleza y beneficia solo a un puñado de empresas trasnacionales y oligarcas protegidos por este gobierno”, aseveró.
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En ese sentido, la FNC defendió la necesidad de una distribución justa de la tierra y el fortalecimiento de la producción nacional. La crisis del campo fue otro de los ejes de la protesta. “Llevamos cuatro años de pérdidas por sequía”, remarcó.
En cuanto a las demandas centrales, la FNC señaló que el acceso a la tierra y el apoyo a la producción son prioritarios. “Unas 300.000 familias no tienen tierra, y el Indert no tiene presupuesto para comprar nuevas tierras”, advirtió Gómez. Además, denunció que el gobierno aprueba leyes que benefician a las élites y perjudican a los trabajadores, como la ley de superintendencia de jubilaciones y la ley contra las ONG.
La marcha también contó con la participación de líderes indígenas, jóvenes y sectores urbanos. Eliodoro Martínez, cacique de Veraro, habló en representación de los pueblos originarios, mientras que Benicia Chávez, de la Juventud Paraguay Pyahura, destacó el rol de los jóvenes en la lucha social. Por su parte, Dante Leguizamón, de Codehupy, expuso en representación de los sectores urbanos y la secretaria general adjunta de la FNC, Sonia Acevedo, en nombre de las mujeres.
“La miseria afecta cada vez más a todos los sectores. Más que nunca, el único camino es la organización y la lucha”, aseguró el líder de la FNC.
Jóvenes y mujeres denuncian crítica situación
La XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular fue escenario de fuertes denuncias sobre la situación de la juventud, así como de las mujeres en Paraguay. Dirigentes advirtieron sobre la crisis que atraviesan los más vulnerables, con datos alarmantes sobre exclusión, violencia y falta de oportunidades.
Benicia Chávez, coordinadora nacional de la Juventud de Paraguay Pyahura (JPP), denunció la falta de futuro para los jóvenes del campo y la ciudad. “Llora Paraguay, porque el sector juvenil es el más golpeado. La juventud campesina, la juventud indígena, los que viven todos los días en asentamientos, comunidades y barrios, están vacíos porque no encuentran salida a su realidad en este país”, afirmó.
Con cifras estremecedoras, Chávez alertó sobre la creciente desesperanza en la juventud. “Nos orillan hacia la tristeza, hacia la depresión. El suicidio se ha vuelto la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. ¿Cómo es posible que en nuestro país, por falta de justicia y salida a sus realidades, tantos jóvenes sientan que ya no tiene sentido su vida?”, cuestionó con indignación.
La líder juvenil agregó que el gobierno ignora esta crisis porque no ofrece soluciones. “La juventud, que está invisibilizada, debe saber que su voz tiene fuerza. Debemos levantarnos, sacudirnos y decir: ¡Basta! ¡Basta de tanto atropello! ¡Basta de tantas injusticias!”, aseguró que solo la organización y la resistencia son el único camino para el cambio.
Por su parte, Sonia Acevedo, secretaria general adjunta de la FNC, enfocó su discurso en la situación de las mujeres campesinas. “Vivimos atropelladas en nuestro país, pasando cualquier tipo de injusticia. En primer lugar, las campesinas no podemos acceder a un pedazo de tierra. Es un enorme desafío construir la organización y luchar para acceder a un pedazo de tierra”, explicó.
Agregó la discriminación que enfrentan las trabajadoras del campo. Además, denunció la violencia de género en el país, los feminicidios.
Otro tema central de su discurso fue el colapso del sistema de salud. Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Guairá, donde una terapia neonatal inaugurada con gran pompa fue inútil al día siguiente. “Un bebé falleció porque había sido para la foto nomás era”, lamentó.
“Chats de Lalo” y la Justicia
En la XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular, Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), denunció la corrupción y la impunidad en el país. “La democracia no es solo votar, es manifestarse, protestar y exigir nuestros derechos”, afirmó, destacando la importancia de la movilización social.
Leguizamón dijo que los “chats de Lalo” revelaron cómo la narcopolítica controla la justicia, asegurando impunidad en casos de corrupción y asesinatos de dirigentes campesinos, periodistas y personas trans. “El Partido Colorado ha defendido históricamente los intereses de unos pocos en contra de los derechos del pueblo”, señaló.
Criticó el sistema que “nos sigue matando” con un sistema de salud colapsado, políticas represivas y desalojos violentos. Además, advirtió que el gobierno restringe la participación ciudadana y que el Parlamento impone leyes sin diálogo, mientras la justicia es manejada por grupos de poder. “La resistencia y la lucha por los derechos es el único camino”, enfatizó y llamó a la unidad para enfrentar las políticas autoritarias y la impunidad. “Organizarse, marchar y levantar la voz es nuestra obligación”, insistió.