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El déficit fiscal de Paraguay ha sido objeto de atención en los últimos años, especialmente en el contexto de los planes de convergencia fiscal. Al cierre del año 2024 el resultado se situó en -2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó una disminución respecto al 4,1% registrado en 2023. Al mes de febrero y de acuerdo con el reciente informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el balance de la Administración Central registró un déficit acumulado de 0,4% del Producto Interno Bruto.
Es de recordar que el plan de convergencia fiscal establecido por el Gobierno Nacional busca retornar al límite del 1,5% del PIB para el año 2026, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El cumplimiento de este compromiso ha requerido ajustes en el gasto público, afectando la ejecución de algunos planes de inversión.
Históricamente, Paraguay ha recurrido a la emisión de bonos soberanos y préstamos de organismos internacionales para financiar proyectos de infraestructura. Sin embargo, el aumento de la Deuda Pública y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla, como se mencionaba, la convergencia del déficit, ha generado un impacto en la dinámica de las obras públicas.
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La inversión había alcanzado un nivel del 1,9% del PIB en 2024, cifra inferior al promedio de 3,1% registrado entre 2020 y 2022.
Si bien desde la cartera económica señalaron que el déficit fiscal anualizado a febrero de 2025 se ubicó en 3,0% del PIB, explicado, en parte por un mayor nivel de inversión pública respecto a la ejecución histórica al segundo mes del año, la importante desaceleración que se viene registrando se enmarca en el esfuerzo por cumplir con el plan de convergencia fiscal, priorizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Sin embargo, esta política de menor financiamiento puede tener implicaciones en el crecimiento económico y en la provisión de servicios básicos. Más aún al considerar que la brecha de infraestructura en el país –diferencia entre la inversión realizada en materia de infraestructura (efectivo) y las que necesita un país (potencial)– oscila entre US$ 25.000 millones y US$ 35.000 millones e incluso más, de acuerdo con varias estimaciones de organismos internacionales.
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Desafíos y perspectivas
La inversión en infraestructura es fundamental para mejorar la competitividad del país, generar empleo y promover el bienestar social. Por ello, no solo es urgente sino clave buscar mecanismos alternativos de financiamiento que permitan mantener el impulso en infraestructura y servicios esenciales sin comprometer la estabilidad fiscal ni económica del país.
Aunque por otro lado, el manejo responsable de las finanzas públicas y el compromiso con la convergencia fiscal envían una señal positiva a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, al demostrar estabilidad y previsibilidad en la política económica.
Implicancias
Sin embargo, esta política de menor financiamiento puede tener implicaciones en el crecimiento económico y en la provisión de servicios básicos.
Bienestar
La inversión en infraestructura es fundamental para mejorar la competitividad del país, generar empleo y promover el bienestar social.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones
