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Hechos cada vez más comprometedores se revelan en la licitación del Banco Nacional de Fomento (BNF) para “adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema core bancario”, el sofware principal de las gestiones financieras de la institución.
Ahora, queda al descubierto el conflicto de intereses en el citado llamado, pues la asesora de Tecnología del BNF, presidido por Manuel Ochipintti, hasta no hace mucho tiempo se desempeñaba como gerente de Proyectos de la empresa ITTI, que forma parte de Ueno Holding, ligado al presidente de la república, Santiago Peña, donde él es accionista.
Se trata de Laura Adriana Brítez Roa, quien con un año de antigüedad, pues ingresó en 2024, ya figura como funcionaria permanente de la banca del Estado, con un salario de G. 27 millones.
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Se encarga de la “transformación digital y optimización de procesos de negocios. Integración de tecnologías emergentes y soluciones de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa y cumplir con las regulaciones financieras”, según la descripción que ella misma realiza en sus redes sociales.
Hasta 2024 estuvo en ITTI
Hasta enero de 2024 fue gerente de Proyectos en ITTI y luego de su paso por la empresa que forma parte de Ueno Holding, el Gobierno de Santiago Peña la llevó al BNF para desempeñarse en el área clave de transformación digital. De acuerdo con fuentes a las que accedió nuestro diario, funcionarios de ITTI le seguían rindiendo cuentas a Brítez cuando ella ya era funcionaria del banco público.
Hoy, la banca del Estado realiza un llamado a licitación con un millonario precio referencial, cercano a los US$ 19 millones, en el que ITTI ya tuvo participación.
Es que para establecer ese presupuesto, el BNF se basó en la propuesta técnico económica de siete empresas del rubro, entre ellas la citada compañía de Ueno Holding, que enviaron sus ofertas preliminares.
ITTI envió llamativamente una propuesta muy cercana al precio de referencia, la suma de US$ 20.730.000, según muestran los documentos que forman parte del llamado a licitación (ID 445258), disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Fueron siete en total las compañías que enviaron sus propuestas preliminares: Datapro propuso el presupuesto más bajo, de entre US$ 4.100.000 y US$ 5.125.000; en tanto que Stefanini Group (TOPAZ), US$ 10.516.000. Luego, Oracle propuso US$ 13.916.244; y Bantotal, US$ 16.342.800.
Infocenter (SAP) continúa la nómina, con su oferta por US$ 17.752.284; seguida por ITTI, US$ 20.730.000. Finalmente, la propuesta de Temenos, llamativamente alta, de US$ 38.587.678, disparó el promedio. Es decir, sin esta última cifra, el precio promedio rondaría los US$ 13 millones, suma sustancialmente más baja que la oferta de ITTI.
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¿Una licitación “digitada”?
Entonces, ¿el llamado a licitación del BNF está “digitado” para que la adjudicada sea la empresa que forma parte del grupo empresarial ligado al presidente de la República? ¿Para ese fin la llevaron a Laura Adriana Brítez Roa de ITTI al BNF?, quisimos hacerle estas y otras preguntas a la funcionaria, pero no ha sido posible entrevistarla.
El viernes último, la llamamos a su teléfono celular, con terminación 800, nos atendió pero cuando nos identificamos como ABC, dijo que no podía conversar y que se le llame más tarde. Así lo hicimos pero no volvió a contestar.
Ayer, sábado, nuevamente intentamos obtener su versión, la llamamos y enviamos mensajes vía whatsapp, detallándole que el tema del cual nos gustaría conversar es el conflicto de intereses en el proceso, pero tampoco hubo respuestas.
BNF habló de “competencia justa e independiente”
La semana última, a través de respuestas a ABC enviadas por correo, el BNF defendió el proceso licitatorio y la forma en que se estableció el precio referencial, basándose en un listado “neutral” de siete oferentes potenciales. Dijo que hubo aspectos cruciales, como “la planificación estratégica y la transparencia”. Así también, quisieron “asegurar la competencia justa, optimizar recursos públicos, garantizar la idoneidad tecnológica, fortalecer la transparencia e independencia”.
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De acuerdo con el escrito, buscaron “asegurar la adopción de las mejores prácticas globales, el respeto irrestricto a los principios rectores de toda convocatoria para la contratación de servicios y las compras públicas y garantizar la independencia en la elaboración de los términos de referencia”.
