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Otro ingreso es el del Fonacide que canaliza los fondos de la cesión de energía de Itaipú a Brasil para proyectos en educación, salud e infraestructura, parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado que también se distribuye a municipios y departamentos. Además, figura el canon de juegos de azar cuyos recursos provienen de impuestos y concesiones sobre apuestas. Se destinan a programas sociales, así como de infraestructura y, finalmente, los ingresos provenientes de la compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC) y que son utilizados en proyectos de infraestructura y mitigación de impactos ambientales.
Las transferencias a gobiernos departamentales han mostrado una tendencia de crecimiento en términos nominales a lo largo de una década (2015-2024), con variaciones en su peso relativo sobre el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, en el periodo mencionado se realizaron transferencias por un total de G. 10,5 billones, aproximadamente US$ 1.652 millones o su equivalente al 4,15% del PIB.
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En 2015, la canalización de recursos ascendió a G. 786.577 millones (US$ 151 millones), representando 0,42% del PIB. En los años siguientes, se observó un incremento progresivo, alcanzando G. 900.101 millones (US$ 159 millones) en 2016 y G. 984.886 millones (US$ 175 millones) en 2017, manteniendo una participación del 0,44% del PIB.
A pesar de una ligera reducción en los montos transferidos, en 2018 el porcentaje del PIB se mantuvo estable en 0,42%. Para 2019, las transferencias alcanzaron G. 1,03 billones (US$ 166 millones), con un peso del 0,43% del PIB. El año 2020 destacó por un incremento significativo en las transferencias, ascendiendo a G. 1,23 billones (US$ 183 millones), es decir, 0,51% con respecto al PIB, siendo el año con mayor proporción del Producto en el período analizado. El comportamiento pudo estar relacionado con las necesidades de financiamiento adicionales en concepto de salud y educación derivadas de la pandemia.
A partir de 2021, se observa una reducción en la participación de las transferencias sobre el PIB. En dicho año, los recursos canalizados a los departamentos fueron de G. 1,12 billones (US$ 166 millones), representando 0,41% del PIB.
En 2022, la reducción se hizo más evidente, con transferencias por G. 1,03 billones (US$ 147 millones) y una participación de 0,35% del PIB, la más baja del período analizado.
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En cuanto a la dinámica en 2023, los datos mostraron que si bien los montos transferidos aumentaron a G. 1,06 billones (US$ 146 millones), la participación sobre el PIB continuó disminuyendo. Para 2024, las transferencias alcanzaron su punto más alto en términos nominales, con G. 1,42 billones (US$ 189 millones) o 0,42% del PIB.
Este aumento en los montos transferidos sugiere un posible fortalecimiento en la asignación de recursos, aunque sin superar la proporción observada en 2020.
A modo de remarcar, la estabilidad de las transferencias en términos de su peso relativo al PIB se ha mantenido, excepto en 2020, cuando hubo un notable incremento. En los últimos años, se registra una leve recuperación sobre todo en 2024, tras la disminución experimentada entre 2021 y 2023.
Este comportamiento refleja la influencia de factores económicos y fiscales en la asignación de recursos, desde la producción energética para su comercialización, por ende, generación de ingresos hasta la capacidad de rendición de cuentas por parte de los gobiernos departamentales. En el mismo contexto, se destaca la importancia de una gestión eficiente para garantizar la sostenibilidad de estas transferencias y su impacto en el desarrollo del país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
