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Hoy, viernes 28 de febrero, vence el plazo de la tercera prórroga otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, para recibir las 100.000 toneladas métricas de gasoil de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.
A pesar del incumplimiento en la entrega del carburante, cuya provisión fue acordada en US$ 61 millones, la petrolera pública solo informó que “se está viendo y analizando” qué se hará al respecto, sin aclarar si rescindirán el contrato o si otorgarán más plazo a la compañía extranjera, como lo han venido haciendo, en contravención a la ley.
Desde hace varias semanas, ABC ha intentado obtener respuestas de las autoridades de Petropar, pero no ha sido posible. Los altos funcionarios manejan la empresa pública con total hermetismo, sin rendir cuentas a la ciudadanía, a pesar de que se trata de una empresa pública. No responden las consultas de la prensa y tampoco suben todos los documentos del caso a la web de Contrataciones Públicas.
Es por eso que desde la Cámara Baja del Congreso, exhortan a los entes de control a no guardar un silencio cómplice ante este caso, ante la sospechosa adquisición de combustibles de Petropar de la dudosa compañía y sin experiencia en el rubro. El diputado Mauricio Espínola se refirió hoy sobre la situación y señaló que la opinión pública tiene derecho a saber qué pasó con el contrato entre Petropar y Doha Holding Group. “¿Se produjo un incumplimiento? ¿Se perdieron recursos públicos?”, se preguntó el parlamentario.
“Es hora de que Petropar rinda cuentas sobre su gestión. La ciudadanía exige transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”, expresó en un post en redes sociales.
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¿Qué pasa con las instituciones de control?
“¿Qué pasa con las instituciones de control?”, se preguntó también el legislador, ante la inacción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), manejada por Agustín Encina; la Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez; y la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular es Marco Aurelio González.
“Hoy vence el plazo para que Doha Holding Group entregue 100.000 toneladas de gasoil a Petropar. Sin embargo, sigue sin aparecer. ¿Qué va a pasar con el contrato? ¿Se va a rescindir o se va a otorgar más tiempo? Petropar ya otorgó tres prórrogas a la firma catarí Doha Holding Group. ¿Por qué se extendieron los plazos sin la entrega del combustible?”, resaltó el parlamentario en su escrito.
Asimismo, aseveró que la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas establece restricciones para la modificación de contratos y destacó que, si Petropar incumplió estas normas, se debe saber qué consecuencias habrá para los funcionarios responsables.
“La falta de transparencia en la gestión de Petropar es preocupante. ¿Por qué no se dieron explicaciones sobre las prórrogas y el incumplimiento del contrato? ¿Qué se esconde detrás de esta opacidad?”, subrayó.
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DNCP, una institución fantasma
Espínola también destacó que la Contraloría ya se había lavado las manos en el caso Lafarja de Petropar, usando de excusa, para no abrir auditoría, que la Procuraduría ya demandó a la empresa de la corredora de Rally. El legislador resaltó que esta vez estamos hablando de otra empresa y que “hasta hoy no sabemos de sus actuaciones”.
Asimismo, resaltó que, si bien la CGR pidió informes sobre la adquisición a la firma catarí, hasta la fecha se desconoce la respuesta que dio. “Hasta hoy no queda claro si todo esto incidió o no en el aumento del precio del combustible, lo que afecta a todos los paraguayos”, alegó.
Asimismo, resaltó que la DNCP es un órgano ausente en este y en otros casos y que con este gobierno se convirtió en “una institución fantasma”. “La Procuraduría interviene después de cualquier acción, tratando de recuperar el patrimonio ya perdido. ¿Por qué no le piden un dictamen para precautelar pérdidas? Así nos ahorraríamos multimillonarios juicios”, indicó.
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Adendas siguen sin publicarse
Lo concreto es que hasta la fecha se rubricaron tres adendas con Doha Holding, con las cuales casi triplicaron el plazo inicial del contrato. Eso, al parecer viola la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que taxativamente establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo inicialmente acordados.
Asimismo, las adendas siguen sin publicarse hasta la fecha en el portal de la DNCP, entidad que se limitó a indicar a ABC que estos documentos están retenidos por observaciones, pero sin explicar los detalles. La escueta respuesta la dio a un pedido de acceso a la información pública.
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¿Reclamará Petropar millonaria garantía?
Cabe recordar que Petropar aceleró la adjudicación a esta desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal, ya que no tiene experiencia en el rubro de los combustibles. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera y técnica de la firma antes de adjudicársele un contrato tan significativo.
La dirección que hizo figurar la empresa catarí en el contrato firmado pertenece al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol. Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de Doha Holding, junto con el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y Saad Doukali.
Si la estatal decide cancelar el acuerdo, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de 3.050.000 dólares, que Doha Holding Group presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB).
Si dicho monto no se paga, la estatal tendrá que demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza, según juristas consultados.
