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Los datos sobre el monto asignado a la inversión física u obras de infraestructura forman parte del informe “Principales Indicadores Financieros”, elaborado por la Dirección General de Presupuesto del MEF.
Este informe es el primero del año y en él se resumen los diferentes tipos de gastos presupuestados, los fondos asignados y la variación en comparación con el ejercicio anterior.
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Al mes de enero, según este informe, el presupuesto aprobado para la administración central o gobierno central asciende a G. 74,5 billones (US$ 9.497,1 millones al cambio vigente), cifra que representa un incremento del 12,3% con relación al año pasado.
Dentro de este paquete total, los recursos que serán destinados a la inversión física o en infraestructura pública disminuyen 3,5% en comparación con el presupuesto 2024.
El año pasado previeron poco más de G. 7 billones (US$ 904,3 millones), pero para el presente ejercicio el monto se redujo a G. 6,8 billones (US$ 872,4 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 250.000 millones (US$ 31,9 millones) y equivale a 3,5% menos.
Tope de déficit fiscal
La disminución de los fondos presupuestados para la ejecución de la inversión en infraestructura dentro de la administración central, obedecería a la necesidad de alinear los gastos al nuevo tope de déficit fiscal de 1,9% del PIB establecido para este año.
El referido nivel de déficit forma parte del plan de convergencia del gobierno de Santiago Peña (ANR-HC), que aplican desde agosto de 2023.
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En el primer año, decidieron pagar la deuda con las empresas contratistas y farmacéuticas, unos US$ 600 millones, que llevó el saldo rojo ese año a 4,1% del PIB, en tanto el año pasado cerró en -2,6%.
Para el presente ejercicio, el presupuesto contempla un techo de déficit de 1,9% del PIB y para el año venidero el retorno al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.
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Este proceso, de concretarse, se dará luego de siete años consecutivos de cierre de los ejercicios con déficits por encima del tope de la ley de responsabilidad fiscal.
