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El viernes 28 de febrero es la fecha tope que estableció Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, para recibir 100.000 toneladas métricas de gasoil de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Eso, tras la tercera prórroga del contrato original, valuado en más de US$ 61 millones.
Sin embargo, aún no hay rastros del carburante y desde la Dirección de Comunicaciones de la estatal solo informaron que “se está viendo y analizando” qué se hará con el contrato, sin aclarar si lo rescindirán o si otorgarán más plazo a la compañía extranjera, tal y como lo han venido haciendo, en contravención a la ley.
Pese a nuestras insistencias, ningún funcionario de la estatal ha querido dar explicaciones sobre las tres prórrogas que ya otorgó la petrolera a la firma catarí, con las cuales el plazo de entrega del combustible se extendió hasta mañana. En total, se rubricaron tres adendas mediante las cuales casi triplicaron el plazo inicial del contrato, lo que al parecer viola la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que taxativamente establece restricciones al respecto.
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El contrato debía vencer inicialmente el 30 de noviembre del año pasado, pero se amplió primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero y, finalmente, hasta el 28 de febrero. Esto, a pesar de que la citada normativa establece en su artículo 67 que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, “siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente”.
Empero, Petropar parece haber ignorado este artículo de la normativa vigente al beneficiar a la firma catarí, que debió haber entregado la totalidad del combustible entre octubre y noviembre de 2024, como se estableció en el contrato rubricado el 30 de septiembre del año pasado.
Petropar recurrió a un procedimiento especial, que perdió sentido tras prórrogas
Debido a la “urgencia” de la compra del carburante a un precio “milagroso” (US$ 610 por tonelada métrica), la petrolera pública recurrió a un procedimiento especial de contratación (un llamado con publicación posterior de los documentos), por lo que el contrato debía tener una duración máxima de dos meses, lo que es habitual en este tipo de adquisiciones de “oportunidad”.
Teniendo en cuenta esta modalidad de contratación, Petropar no debía otorgar prórrogas a Doha Holding, según los juristas consultados, para evitar dar ventajas a la empresa adjudicada respecto a otras compañías que también ofertaron para los plazos originalmente pactados. Argumentaron que al ampliar los plazos se perdió el sentido del procedimiento especial de contratación. “El argumento de la urgencia ya no tiene validez porque no se cumplió el objetivo. El 23 de octubre debía llegar el primer embarque, y el 30 de noviembre del año pasado ya debía haber vencido ese contrato”, señalaron.
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Con esta forma de contratar, la petrolera pública ha logrado poca transparencia en el uso de recursos públicos, ya que ha evitado la publicación de los documentos de adquisición antes de la firma del contrato e incluso los ha ocultado hasta mucho tiempo después de dicho acto administrativo. Además, en este tipo de procedimientos la estatal ni siquiera está evaluando la capacidad financiera o técnica de las empresas, como exige la ley, y se permite la presentación de simples declaraciones juradas como garantías de mantenimiento de oferta o fiel cumplimiento del contrato, en vez de una póliza o garantía bancaria real.
En el caso de Doha Holding, Petropar aceleró la adjudicación a la desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal, ya que no tiene experiencia en el rubro de los combustibles. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera de la firma antes de adjudicarle un contrato tan significativo. La administración de Eddie Jara ha mostrado una llamativa preferencia por recurrir al procedimiento especial para la compra de gasoil, y en todos los llamados se han detectado anomalías y cuestionamientos.
Petropar debe reclamar la garantía si rescinde el contrato
En estas circunstancias, si Petropar rescinde el contrato con Doha Holding Group, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).
Si dicho monto no se paga, la estatal deberá demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza.
Según los documentos, Doha Holding hizo figurar como dirección en el contrato rubricado el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, de la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol.
Los datos disponibles indican que Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo, Alejandro Domínguez Pérez, figura en los registros como representante de Doha Holding con Khalifa Bin Hamad Al-Thani y Saad Doukali.
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Petropar ya tuvo otro contrato fallido con Lafarja, que tampoco tenía experiencia en el rubro
Pero esta no es la primera vez que la actual administración de Petropar intenta comprar gasoil a una empresa desconocida en el rubro de los combustibles. Un hecho similar ocurrió en 2023 con la fallida compra de diésel por US$ 51 millones a la empresa AP SA, una proveedora de alfombras y decoración que pertenece a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, quien era la titular de la empresa de la cual Petropar intentó adquirir gasoil.
Esta compra también fracasó, ya que la empresa no pudo entregar el carburante al precio “milagroso” que había prometido. Tras la cancelación del contrato, Petropar no ha logrado cobrar hasta la fecha los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta presentada por la compañía de Lafarja, también en formato de declaración jurada. El caso sigue judicializado en un juzgado de la capital.
