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La actual administración de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, ha demostrado una llamativa preferencia por recurrir a un procedimiento especial de llamado a licitación para la compra de gasoil. Con esta modalidad, la petrolera pública consiguió poca transparencia en el uso de recursos públicos, pues ha evitado la publicación de los documentos de adquisición antes de la firma del contrato e, incluso, los ha ocultado hasta mucho tiempo después de dicho acto administrativo.
La ley N° 7.021 habilita a la estatal a realizar este tipo de procesos para la compra de combustible (Art. 35, inc. “f”), ya que actúa en régimen de competencia con el sector privado y tiene “relación directa con su giro comercial”, según la normativa. Sin embargo, al parecer la estatal ha aprovechado este procedimiento especial solo para contratar a empresas de dudosa procedencia y sin experiencia en el rubro de los combustibles. Como dijo en su momento el expresidente Horacio Cartes, haciendo “uso y abuso”, en este caso de la modalidad y a costa del dinero público.
Tal fue el caso de la contratación de la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta compañía debía proveer 100.000 toneladas métricas de gasoil a la petrolera pública por más de US$ 61 millones. La entrega del carburante tenía que completarse entre octubre y noviembre del año pasado, según el contrato firmado en septiembre, pero el producto nunca llegó, por lo que la estatal otorgó al menos tres prórrogas a la empresa.
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En este sentido, tras una tercera ampliación del plazo que Petropar otorgó a Doha Holding, la firma catarí debe proveer el diésel antes de este viernes 28 de febrero. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha dado explicaciones respecto a la ubicación del producto, y ni siquiera se tendrían barcazas nominadas para traer el producto, que debe ser entregado en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF). ¿Dieron una cuarta prórroga?, es la consulta que nadie de la petrolera responde.
Otra contratación dudosa de Petropar con esta modalidad
Ante la posibilidad de un fracaso en la compra de diésel a la citada firma catarí, Petropar nuevamente recurrió a un procedimiento especial para adquirir gasoil, en un llamado a licitación paralelo. Esta vez, en enero contrató a la firma uruguaya Ormalor S.A.S., por un total de US$ 26.380.000, para la provisión de 40.000 metros cúbicos del carburante.
En este caso, también llama la atención que nuevamente no existen antecedentes de que la empresa uruguaya haya proveído anteriormente carburante a la estatal, y referentes del sector de combustibles confirmaron a ABC que desconocen a la citada compañía.
Sobre el combustible de la firma Ormalor tampoco se sabe nada hasta la fecha, debido al hermetismo con el que se maneja la administración de Jara. Dicha empresa debía entregar el producto este febrero, según el contrato rubricado el 22 de enero último.
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Petropar no está exenta de cumplir la ley
Pero, ¿cuál es el objetivo de dicha modalidad de compra? Nuestro diario consultó al respecto a juristas entendidos en materias de compras públicas, quienes respondieron que el espíritu de la disposición es evitar que las empresas públicas se salgan de la ley de contrataciones (y no todo lo contrario).
El Artículo 35 sobre “Procedimientos especiales de contratación” de la ley N° 7.021, dice taxativamente: “Sin perjuicio de los procedimientos convencionales de contratación señalados en la presente Ley, y con apego a los principios generales establecidos en la misma, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas podrá introducir procedimientos especiales que permitan tutelar de mejor manera el interés público, tales como: (...) f) Procedimiento para Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, Empresas Públicas y Entidades Financieras en régimen de competencia: las compras realizadas por las Sociedades Anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, Empresas Públicas y las Entidades Financieras Oficiales que actúen en régimen de competencia con el sector privado para las adquisiciones de bienes y servicios que tengan relación directa con su giro comercial”.
¿Esto le da vía libre a Petropar a incumplir las demás disposiciones de la ley? Según expertos, la respuesta es no. “La DNCP debe regular el procedimiento. No debe ser motivo para evitar trasparencia. La DNCP debe corregir cualquier elemento que evite tener información en línea”, nos dijeron.
“Aunque el procedimiento de selección sea especial, la ejecución del contrato debe ser reportada y las modificaciones deben ser reportadas al sistema y limitadas por lo que dice la ley. Permitir más plazo de lo que dice la ley no es aceptable. Eso puede llegar a ser penal, porque eso significa que se está dejando de exigir una garantía de cumplimiento de contrato”, según las explicaciones recibidas.
No obstante, las compras sospechosas de Petropar, durante la actual administración, se iniciaron en 2023 con el caso de Andrea Lafarja Bittar, cuya empresa AP SA, ganó un llamado para proveer gasoil por US$ 51 millones. Esta fallida adquisición se realizó antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de contrataciones, por lo que se había consumado a través de un procedimiento por vía de la excepción (bajo la ley 2051).
DNCP se lava las manos y responsabiliza a Petropar
Este diario consultó a la DNCP si investigará estos llamados “especiales” con los cuales Petropar oculta los datos que deberían ser públicos, y la respuesta dada fue que los procedimientos de contratación especial están disponibles para las convocantes y que son ellas las responsables de utilizarlos conforme a la normativa.
“En el caso de Petropar, el artículo 35, inciso f), de la Ley N° 7021/2022 establece un procedimiento especial de contratación aplicable a sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, empresas públicas y entidades financieras en régimen de competencia”, manifestó la DNCP en el escrito remitido a través del portal de acceso a la información pública.
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Acotó que, en virtud de esta disposición, la DNCP ha reglamentado dicho procedimiento a través de la resolución N° 2.198/2024, estableciendo los lineamientos específicos bajo los cuales Petropar puede acogerse a este mecanismo para la adquisición de crudo, productos derivados del petróleo o biocombustibles.
De esta forma, la DNCP se refirió a la resolución a medida que emitió en agosto del año pasado, que facilitó la contratación de la firma catarí Doha Holding. En este documento, Contrataciones incluso permitió el uso de una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento, y dejó a criterio de la petrolera los plazos y requisitos estándar para la contratación, lo que favoreció a la firma vinculada a Alejandro Domínguez Pérez.
“La aplicación de estos procedimientos es responsabilidad exclusiva de cada convocante, en este caso Petropar, que debe garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes”, agregó la DNCP, que, sin embargo, no ha mostrado interés en investigar los casos y ni siquiera en exigir la publicación de todas las documentaciones pertinentes, en tiempo y forma.
Petropar incumple reiteradamente
Cuando se le consultó cuál es el plazo que tiene la petrolera pública para publicar los documentos oficiales de este tipo de llamados, Contrataciones resaltó que, según lo estipulado en la resolución DNCP 2198/24, la convocante tiene 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato para comunicar los documentos mencionados en el artículo 7 de dicha resolución, y que pueden darse excepciones dependiendo del contrato de producto o servicio.
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Petropar no ha cumplido este plazo establecido por la DNCP, ya que tardó incluso más de un mes en publicar los documentos de interés público, pese a que Contrataciones aseveró en su respuesta que “en ningún llamado se permite a las convocantes incumplir las normativas vigentes”.
Expertos en Contrataciones Públicas explicaron que los procedimientos especiales previstos en la ley 7.021 fueron pensados para aprovechar las compras de productos a precios bajos en un momento dado, por lo que la duración de este tipo de contratos no debería exceder los dos meses.
Destacaron que en el caso de Doha Holding, al otorgársele prórrogas, se pierde el sentido de una compra de oportunidad. “El argumento de la urgencia ya no tiene validez porque no se cumplió el objetivo. El 23 de octubre debía llegar el primer embarque, y el 30 de noviembre del año pasado ya debía haber vencido ese contrato”, señalaron.
Peña: “Estamos dentro del contrato”
El Presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado ayer sobre el combustible catarí, que no llegó. Respondió que están expectantes y dio a entender que todavía se está dentro de los plazos.
“Nosotros estamos expectantes. Estamos todavía dentro del contrato. Petropar está trabajando con la empresa. Nuestro compromiso con el pueblo paraguayo es darle el mejor combustible al menor precio posible. Hemos bajado en muchísimas oportunidades ya desde el 15 de agosto (2023) y estamos constantemente buscando las mejores opciones para poder ayudarle a esas familias trabajadoras, que lo que necesitan es que el precio del combustible sea (bajo). Yo entiendo que las líneas editoriales quieran tratar de perseguir eso”, afirmó Peña.
Las declaraciones las brindó en una ronda de preguntas durante su jornada de gobierno en Caaguazú, tras la inauguración del “Gran Hospital de Coronel Oviedo”.
