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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigida por Agustín Encina, sigue mostrando una sospechosa complacencia con respecto al cuestionado contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.
Esta compañía debía proveer 100.000 toneladas métricas de gasoíl a la petrolera pública, por más de US$ 61 millones, y la entrega debía completarse entre octubre y noviembre del año pasado, pero el carburante nunca llegó.
En una respuesta proporcionada a consultas de este diario a través del portal de acceso a la información pública (solicitud #89709), la DNCP reveló que ni siquiera tiene previsto investigar el proceso, a pesar de los incumplimientos en la entrega del carburante y de que Petropar aún no ha informado dónde se encuentra el combustible.
“Es importante informar que en la presente contratación participaron 4 empresas, y que la DNCP hasta la fecha no ha recibido protestas contra el pliego de bases y condiciones, ni contra la adjudicación realizada por Petropar, así como tampoco ha recibido denuncia alguna sobre dicho proceso de contratación, como sí ha ocurrido con convocatorias anteriores similares en las que la DNCP ha abierto investigaciones por las denuncias formuladas conforme a lo que establece la ley”, fue la escueta respuesta del organismo a la consulta sobre si abrirían una investigación.
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DNCP “olvida” su función de investigar de oficio
Al parecer, los responsables de la DNCP han olvidado que la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas establece claramente en su artículo 112 que entre sus funciones se encuentra la apertura de investigaciones de oficio, es decir, no necesariamente debe actuar solo en caso de denuncias, como se pretende instalar.
En su escrito, Contrataciones Públicas tampoco se pronunció respecto a las prórrogas que Petropar otorgó a la mencionada empresa, casi triplicando el plazo inicialmente previsto, lo que violaría la Ley N° 7021, que establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, además de prohibir otorgar condiciones más ventajosas que las acordadas originalmente con otros competidores.
En este sentido, la empresa estatal ya ha otorgado tres prórrogas a la firma catarí mediante adendas que hasta hoy no han sido publicadas entre los documentos oficiales: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, y ahora hasta el 28 de febrero, lo que significa que este viernes vence nuevamente el plazo contractual.
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DNCP “no puede opinar”
Se le preguntó a la DNCP si sancionaría a Petropar y a la proveedora, a lo que respondió que la DNCP tiene facultades para sancionar a proveedores del Estado que hayan incurrido en irregularidades, pero no a los organismos o entidades del Estado, refiriéndose a Petropar. Sobre la consulta de si sancionará a la proveedora catarí, la respuesta fue: “La DNCP no puede opinar sin un sumario abierto sobre una posible sanción a una proveedora”.
Cuando se le preguntó a la DNCP qué acciones había tomado respecto a la falta de entrega del carburante por parte de la proveedora, teniendo en cuenta que se había recurrido a un procedimiento especial de contratación con publicación posterior de los documentos por la supuesta urgencia de la compra, se limitó a responder: “Se realizan las observaciones que corresponden a cada proceso que llega a la DNCP. La DNCP realiza un seguimiento permanente del cumplimiento de las disposiciones legales dentro del marco de sus atribuciones, velando por la correcta aplicación de las normas de contratación pública”.
De este modo, no obtuvimos respuestas sobre las acciones concretas que la DNCP está o estará realizando en relación con esta compra en particular.
¿Por qué no se publicaron las adendas?
ABC también consultó a la DNCP por qué las adendas del contrato, que ampliaron los plazos, no están publicadas en el portal, después de meses de haberse firmado, a lo que el ente respondió que, si bien han sido comunicadas a la DNCP, no se encuentran publicadas porque cuentan con observaciones y que hasta tanto no sean subsanadas por la convocante, no pueden ser difundidas.
“Una vez que sean difundidos los documentos, podrá visualizarse todo el historial de las observaciones que realizó la DNCP sobre los mismos”, acotó el ente. Sin embargo, no brindó detalles de las observaciones realizadas.
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Contrato vence este viernes, pero sin rastros del gasoíl
Tras la tercera prórroga otorgada por Petropar a la firma catarí Doha Holding para la entrega del combustible, el plazo del contrato vence este viernes 28 de febrero. Sin embargo, desde la petrolera pública nadie explica dónde se encuentra el carburante.
Fuentes extraoficiales confirmaron a ABC Color que Petropar ni siquiera ha nominado las barcazas para traer el combustible, dado que la entrega debe realizarse en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF).
En la petrolera no responden a las consultas de ABC sobre si seguirán ampliando el plazo de entrega a la empresa foránea, pese a la restricción taxativa que dispone la ley, o si finalmente rescindirán el contrato.
Si la estatal decide cancelar el acuerdo, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que Doha Holding Group presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB).
Si dicho monto no se paga, la estatal tendrá que demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza, según juristas consultados.
Cabe recordar que Petropar aceleró la adjudicación a esta desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal, ya que no tiene experiencia en el rubro de los combustibles. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera de la firma antes de adjudicársele un contrato tan significativo.
En este sentido, la dirección que hizo figurar la empresa catarí en el contrato firmado pertenece al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol. Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de Doha Holding.
