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De acuerdo con el Segundo Informe Nacional Voluntario Paraguay y cuyos datos son utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el financiamiento de los ODS en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y con énfasis en áreas como salud, paz, justicia y reducción de la pobreza se realiza de manera desigual, mientras que otros objetivos reciben una proporción significativamente menor de recursos.
El ODS 3: Salud y Bienestar encabezó la distribución con el 14,7% del presupuesto nacional. Esta asignación puede entenderse en el contexto de la pandemia de covid-19, que evidenció la necesidad de fortalecer el sistema sanitario y mejorar la cobertura de atención médica. Además, refleja los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, un factor clave para la productividad y el bienestar de la población.
En segundo lugar, el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas recibió 13,6% de los recursos. La importancia de este rubro radica en la necesidad de fortalecer las instituciones y mejorar la gobernanza, elementos fundamentales para la estabilidad económica y la atracción de inversiones. En un país donde la percepción de corrupción es alta, la inversión en este sector es importante para restaurar la confianza en el sector público y promover un entorno más propicio para el desarrollo económico.
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Por su parte, el ODS 1: Fin de la Pobreza concentra el 10,9% del presupuesto, una cifra que, si bien es significativa, plantea interrogantes sobre su suficiencia en un país con altos niveles de informalidad y desigualdad. La lucha contra la pobreza requiere políticas integrales que combinen asistencia social con estrategias para el empleo formal, acceso a educación y desarrollo de infraestructura.
Áreas con financiamiento intermedio y bajo
Los datos también revelan una notable distribución de recursos en otros ODS vinculados al desarrollo económico y social. A decir, el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura recibe un 10,4%, mientras que el ODS 4: Educación de Calidad capta el 9,6%. Ambos sectores son determinantes para el crecimiento sostenible del país, ya que una educación de calidad facilita la inserción laboral y la competitividad, mientras que la inversión en infraestructura impulsa la productividad y la conectividad.
Asimismo, el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico recibe el 8,9%, un porcentaje que refleja la necesidad de generar empleo formal y mejorar las condiciones laborales en un contexto de informalidad laboral persistente. En paralelo, el ODS 10: Reducción de las Desigualdades tiene una asignación del 6,9%, lo que sugiere un reconocimiento de la problemática, aunque con una asignación inferior a otras prioridades.
Algunas áreas igualmente importantes reciben una proporción mínima del presupuesto nacional. La Igualdad de Género (ODS 5), por ejemplo, solo recibe el 2,8%, lo que podría indicar que las políticas destinadas a reducir la brecha de género en términos de empleo, acceso a recursos y participación política no están siendo suficientemente priorizadas.
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Aún más llamativo es el caso del Hambre Cero (ODS 2), con apenas el 3,3%, lo que podría aumentar con el impulso dado por el actual Gobierno. Si bien Paraguay es un país agroexportador, el acceso equitativo a los alimentos sigue siendo un desafío.
Por otro lado, el ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento apenas alcanza el 0,5%, una cifra preocupante considerando que la provisión de agua potable y saneamiento adecuado son esenciales para la salud pública y la reducción de enfermedades.
Finalmente, el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles obtiene un 1,3%, lo que sugiere que los esfuerzos por mejorar el desarrollo urbano y la sostenibilidad de las ciudades aún no son prioritarios dentro del presupuesto nacional.
A modo de remarcar, el análisis del financiamiento a los ODS en Paraguay refleja una asignación concentrada en salud, justicia y reducción de la pobreza, mientras que otros sectores clave como el acceso al agua, la igualdad de género y la sostenibilidad urbana reciben menos atención. Esto evidencia una combinación de necesidades urgentes y desafíos estructurales que deben abordarse con políticas públicas más equilibradas para garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
