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En 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) -hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)-, bajo la administración del fallecido arquitecto Gerardo Rolón Pose, aprobó un millonario préstamo de G. 3.634 millones para la construcción de viviendas en la fracción San Antonio de la ciudad de Limpio.
El empréstito debía beneficiar a un total de 32 familias, asociadas a la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava). El crédito fue concedido por la extinta Senavitat a dicha entidad solidaria, que, a su vez, aprobó cada préstamo a los “beneficiarios”.
De acuerdo con los datos, las familias debían recibir las casas “llave en mano” en 2015, y una vez entregadas las unidades, comenzarían a pagar por ellas durante un plazo de 20 años. La cuota mensual que debían desembolsar por cada vivienda rondaba los G. 540.000 mensuales.
Según los afectados, las obras comenzaron en 2012 y debían culminar en 2015 para que pudieran ser ocupadas. Sin embargo, las viviendas nunca fueron terminadas, y desde ese momento comenzó el suplicio de las familias que tenían el sueño de la casa propia.
Incoop tuvo que intervenir ante denuncias de malversación
Ante esta situación y sospechas de malversación de fondos, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) inició una intervención a Covitava, que resultó en la liquidación de la cooperativa, proceso que sigue en curso.
Griselda Dure, representante de los vecinos, manifestó a este diario que en 2016, los afectados presentaron una denuncia ante la fiscalía de Limpio contra Aldo Pereira, presidente de Covitava, y todo el consejo de administración de la cooperativa.
Asimismo, mencionó que, desesperados, las 32 familias se mudaron en 2017 a las viviendas inconclusas por recomendación de los directivos de la cooperativa. Para mudarse, tuvieron que terminar las casas como pudieron, pero hoy temen ser desalojados por la Procuraduría General de la República (PGR), dado que el MUVH busca que las casas pasen a nombre de la institución como retribución al millonario préstamo otorgado a Covitava.
Denuncia del 2016 prescribió pese al perjuicio de G. 2.400 millones, afirman
Ayer martes, en horas de la mañana hasta el medio día, las familias afectadas se movilizaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir que se reabra la denuncia presentada en 2016, la cual prescribió en 2020. Fueron recibidos por el fiscal general Emiliano Rolón, quien les prometió la apertura inmediata de un sumario administrativo y la reapertura de la causa.
En este sentido, Dure denunció que llama poderosamente la atención que se haya dejado prescribir la causa, pese a que la propia Incoop detectó un desfalco de G. 2.400 millones de los G. 3.634 millones que otorgó la entonces Senavitat a la entidad.
“Se comprobó que el presidente de esa cooperativa robó G. 2.400 millones que eran para la construcción de nuestras casas. Hicimos la denuncia y se encajonó hasta que prescribió en 2020″, enfatizó.
Dure señaló que la causa estuvo en la Unidad N° 3 de Limpio, a cargo del fiscal Rubén Moreno, y que fue la fiscal adjunta, Soledad Machuca, quien pidió la prescripción.
Los afectados urgen a la fiscalía que tenga en cuenta el artículo 335 del Código Procesal Penal, considerando la falencia de la investigación, para que se reabra el caso. “El fiscal en ese momento ya tenía el informe final del Incoop, que hizo una auditoría donde se comprobó que el presidente robó esa cantidad de dinero y otras cosas más que no pudo justificar. Entonces, ¿por qué no se le imputó en ese momento?”, se preguntó la entrevistada.
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Además, Dure indicó que si la fiscalía vuelve a investigar, se podrá solicitar una medida cautelar para evitar que se lleve a cabo el remate que busca realizar la Procuraduría. “Necesitamos que se investigue. ¿Por qué van a mandar a rematar algo que le corresponde a las personas que ya viven ahí? Nosotros somos personas dignas que estamos luchando por nuestras casas”, expresó.
MUVH afirma que se analizará caso por caso para “readjudicar” las viviendas
El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, confirmó ayer a este diario que el crédito fue concedido a Covitava durante la administración de Rolón Pose. Además, mencionó que al final de la administración de Dany Durand (en octubre de 2020), la presidenta de la cooperativa, Griselda Dure, enfrentó una denuncia por parte de los asociados debido a impagos de cuotas ante el MUVH.
“Los afectados son clientes de la cooperativa, no son adjudicatarios del MUVH”, informó Baruja. El ministro señaló que el crédito concedido en 2011 fue por un total de G. 3.634.648.674 y que no se abonaron las cuotas.
En este sentido, enfatizó que, por resolución 1828/18, se aceptó la Dación en pago formulada por la comisión liquidadora de la cooperativa, por la suma de G. 2.237.334.500, dejando un saldo pendiente de G. 1.397.314.174, con el derecho del MUVH de reclamar judicialmente la diferencia entre la deuda existente y el valor del inmueble (art. 1, resolución 1828/18).
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Baruja resaltó que actualmente hay un juicio en curso llevado a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) para que los inmuebles pasen a nombre del MUVH con el fin de resguardar el crédito que la institución otorgó a la cooperativa. Además, destacó que, una vez que los inmuebles pasen a nombre del MUVH, se analizará caso por caso para readjudicar los inmuebles a las personas que los habitan, “siempre y cuando se ajusten a la normativa institucional”.
Consultamos a Dure si es verdad que fue presidenta de la Covitava, como informó el MUVH, a lo que respondió: “Qué locura, la cooperativa se liquidó en el 2016. Una institución de esa índole no puede emitir ese tipo de comentarios sin ninguna prueba. Jamás fui presidenta, el único presidente de ahí que robo y se comprobó por delitos económicos fue Aldo Pereira”, expresó.
MUVH cambió de versión esta tarde
Finalmente, el MUVH tuvo que cambiar su versión esta tarde, luego de que este diario haya vuelto a consultar a Baruja respecto a los vínculos de Dure con Covitava, después de que la vocera de los vecinos haya negado ser la presidenta de la entidad. En este sentido, el ministro aclaró que no existe denuncia individual en contra de Griselda Dure como la institución informó en principio.
Sin embargo, resaltó que “aparentemente ella formaba parte de la Comisión de la Cooperativa, en su momento como tesorera”. Aclaró a la vez que en el MUVH no tenían los documentos sobre su designación en dicho cargo, pero que aun así suponen la vinculación de Dure con la denuncia realizada por los vecinos en el 2016.
Respecto a esta denuncia ante la fiscalía, Baruja señaló que fue la señora Josefa Vázquez y otros socios, pertenecientes al grupo de socios de la Cooperativa, los que presentaron una denuncia en contra de la Comisión de la Cooperativa por lesión de confianza (causa N° 2829/16), que en un principio se presentó en la Fiscalía de Limpio, pero luego, con Resolución N° 1611/2022, se reasignó la Causa a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la Unidad N° 5 de Asunción.
En este sentido, señaló que la causa llegó prescripta a la nueva unidad fiscal, por lo que tuvieron que desestimar según A.I. N° 62, del 26/02/2024. “Se deja en claro que este es un conflicto entre terceros, el MUVH solamente se aboca a asegurar el inmueble que es garantía del crédito que se concedió mediante Procuraduría General de la República y, una vez asegurado el inmueble, se analizará caso por caso para regularizar a los ocupantes del inmueble en cuestión”, finalizó Baruja.
