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El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, volvió a aparecer ayer tras meses de ausencia pública y se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña. Aunque Jara había solicitado un permiso de seis días la semana pasada, fuentes extraoficiales señalaron que prácticamente ya no asistiría a su oficina en la planta de Villa Elisa.
La reunión entre Jara y el jefe de Estado tuvo lugar a las 16:00, y uno de los temas centrales abordados habría sido la polémica compra de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, por más de US$ 61 millones.
El vocero de la presidencia, Guillermo Grance, informó que la reunión concluyó alrededor de las 17:40 y que no se iba a dar declaraciones a la prensa. Los medios esperaron durante horas para hacer consultas a Jara tras su prolongada ausencia pública, pero el alto funcionario prefirió retirarse sin hacer comentarios. Tampoco permitieron hacer fotografías de la reunión.
De esta manera, Jara evitó dar explicaciones sobre las tres prórrogas que ya se han otorgado a la firma catarí, extendiendo el plazo de entrega del combustible hasta el 28 de febrero. Tampoco quiso aclarar dónde se encuentra el gasoíl ni si rescindirá el contrato en caso de que la compañía no cumpla con la entrega este mes o si nuevamente dará más tiempo.
Lo único que se informó desde la vocería es que el titular de Petropar presentó un informe sobre los “indicadores de desempeño de la petrolera estatal, en línea con la solicitud del jefe de Estado de que todas las instituciones trabajen para alcanzar las metas propuestas”. Agregó además que, “dialogaron sobre los costos de compra en el mercado, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía los mejores precios y contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos”.
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Prórrogas habrían violado la ley
Lo cierto es que, con la última prórroga otorgada por Petropar a Doha Holding, el plazo total otorgado a la firma casi se triplicó, lo que violaría la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas. Esta ley establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, además de prohibir otorgar condiciones más ventajosas que las acordadas originalmente con otros competidores.
La normativa establece en su artículo 67 que los convenios modificatorios solo pueden ser otorgados al mismo proveedor bajo dos condiciones: que sean consecuencia de circunstancias imprevistas y que no impliquen otorgar condiciones más favorables que las pactadas inicialmente, con un límite del 20% en monto y plazo.
Petropar parece haber ignorado este artículo de la normativa vigente al beneficiar a la firma catarí, que debió haber entregado la totalidad del combustible entre octubre y noviembre del año pasado, por lo que el contrato rubricado el 30 de septiembre tenía una vigencia inicial hasta el 30 de noviembre del 2025.
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No obstante, la empresa estatal ha otorgado tres prórrogas a la firma catarí: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, y ahora hasta el 28 de febrero. Hasta el momento, no ha llegado el combustible, y Petropar no ha dado explicación alguna sobre su paradero, a pesar de que la entrega tras la última prórroga debería ocurrir entre esta y la próxima semana.
Precisamente debido a la urgencia de la compra del carburante a un precio “milagroso”, la petrolera pública recurrió a un procedimiento especial de contratación (con publicación posterior de los documentos), el cual debía tener una duración máxima de dos meses, lo que es habitual en este tipo de adquisiciones. Además, no se debían otorgar prórrogas para evitar dar ventajas a la empresa respecto a otras firmas que también ofertaron.
Petropar debe reclamar garantía si rescinde el contrato
Si Petropar rescinde el contrato con Doha Holding Group, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB).
Si dicho monto no se paga, la estatal deberá demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza, según expertos en derecho.
Cabe recordar que Petropar aceleró la adjudicación a esta desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal, ya que no tiene experiencia en el rubro de los combustibles. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera de la firma antes de adjudicarle un contrato tan significativo.
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En este sentido, la dirección que hizo figurar la empresa catarí en el contrato firmado pertenece al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol.
Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de Doha Holding.
Petropar ya tuvo otro contrato fallido con Lafarja que tampoco tenía experiencia en el rubro
No es la primera vez que la administración de Petropar intentó comprar gasoil a una empresa desconocida en el rubro de los combustibles. Un hecho similar ocurrió con la fallida compra de diésel por US$ 51 millones a la empresa AP SA, una proveedora de alfombras y decoración que pertenece a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, quien era la titular de la empresa de la cual Petropar intentó adquirir gasoil.
Esta compra también fracasó, ya que la empresa no pudo entregar el carburante al precio “milagroso” que había prometido. Tras la cancelación del contrato, Petropar no ha logrado cobrar hasta la fecha los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta presentada por la compañía de Lafarja, también en formato de declaración jurada. El caso sigue judicializado en un juzgado de la capital.
