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Actualmente, la demanda de energía de las criptomineras en Paraguay alcanza 435 MW de potencia y al cierre del año 2025, según contratos vigentes, se tendría una demanda de 935 MW de potencia, dijo hoy el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa.
Sin embargo, había señalado anteriormente que la demanda del Grupo de Consumo Intensivo Especial (entre los que se encuentran las criptomineras), con el proceso de ampliación con 50 MW adicionales en Presidente Franco (Alto Paraná) y 100 MW en Valenzuela (Cordillera), sumarían ya un total de 972 MW. Siendo así, la cifra ya equivale a casi una unidad generadora y media de Itaipú funcionando a plena capacidad.
Pese a ser un negocio rentable para la ANDE debido a las tarifas en dólares, el sector de las criptominería es objeto de críticas por no generar empleo ni tener mayores impactos en el desarrollo tecnológico en el país. Ante este escenario, la estatal eléctrica considera que esta actividad es una “ventana de oportunidad” temporal para aprovechar la energía excedente, pero no sostenible en el largo plazo.
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Con la finalización de los contratos con las criptomineras el 31 de diciembre de 2027 y la necesidad de atraer inversiones industriales estratégicas, el país enfrenta un gran desafío en su política energética. Para evitar una crisis de suministro en un futuro no tan lejano, la ANDE deberá -además de dejar de venderle la energía a los grandes consumidores como son las criptomineras- ejecutar a tiempo los planes de expansión y modernización de la matriz energética, previstos en su Plan Maestro, a decir del presidente de la institución.
Nuevas fuentes de generación de energía
El Ing. Sosa contó en un programa radial que el Plan Maestro de la ANDE 2024-2043 proyecta que Paraguay necesitará nuevas fuentes de generación eléctrica a partir de este mismo año para evitar déficits energéticos en el futuro.
De acuerdo con el titular de la ANDE, el crecimiento del consumo energético en 2023 fue del 18%, mientras que en enero de 2025 se registró un aumento del 11% en comparación con el mismo mes del año anterior. Estos datos evidencian un incremento sostenido de la demanda, lo que obliga al país a acelerar las inversiones en generación, transmisión y distribución de electricidad.
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Entre las opciones contempladas en el Plan Maestro figuran la generación de energía solar con almacenamiento en baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas en ríos internos y la posibilidad de desarrollar nuevas hidroeléctricas binacionales con Argentina, como los proyectos Itatí-Itacorá y Corpus. Además, dijo que la ANDE impulsa una modificación de la Ley 6977 para extender de 15 a 20 años los contratos de compra de energía con plantas fotovoltaicas, con el objetivo de hacer más competitivas las inversiones en el sector.
El gobierno también mantiene en agenda la posibilidad de aumentar la capacidad de generación en la Central Hidroeléctrica Itaipú, ya sea mejorando el rendimiento de las turbinas existentes o instalando nuevas unidades generadoras. Estas opciones están siendo analizadas en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Asimismo, se evalúa la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes sobre el embalse de la hidroeléctrica como una alternativa adicional para incrementar la producción de energía. De hecho, en breve comenzarán las obras para la primera planta solar flotante, con capacidad de 1 MW.
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Si bien la criptominería es un factor de alto consumo energético, el presidente de la ANDE aseguró que la planificación energética del país también contempla la llegada de inversiones industriales. En ese sentido, la estatal eléctrica trabaja con varios escenarios para abastecer a potenciales sectores como la electromovilidad y el uso de la cocina eléctrica, además de industrias que puedan instalarse en el país.
El robo de la electricidad de la ANDE
El aumento del consumo de energía en Paraguay viene acompañado de problemas como el robo de electricidad, especialmente en el sector de la criptominería ilegal. No obstante, según el Ing. Sosa, las intervenciones realizadas en 2024 y la modificación del artículo 173 del Código Penal están logrando reducir las pérdidas por hurto de energía en un 2%.
La normativa ahora contempla penas de 3 a 10 años de cárcel y la incautación del 100% de los equipos en condiciones irregulares.
