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Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, respondió el miércoles pasado al pedido de informe de la Contraloría General de la República (CGR), respecto a la sospechosa compra de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, por más de 61 millones de dólares.
Así lo confirmó a este diario el subcontralor general, Augusto Paiva, quien indicó que la revisión documental, que ya se ha iniciado, está a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la CGR, dirigida por Paul Ojeda.
“La gente de Petropar respondió a nuestro pedido de informe. Les habíamos dado 10 días hábiles, y la respuesta llegó el miércoles a última hora, dentro del plazo concedido. Ahora vamos a analizar la respuesta dada por el ente”, expresó.
Paiva señaló que se trató de una solicitud de informe “para aclarar” y que aún no se trata de un proceso de auditoría. “Se trata de recolectar información y verificarla por parte de la Dirección General de Contrataciones de la Contraloría, bajo la dirección del abogado Paul Ojeda, quien cuenta con su equipo auditor”, explicó.
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El alto funcionario añadió que esta revisión documental podría demorar unos 15 días y que podría concluir en un dictamen técnico o derivar en una fiscalización especial inmediata o una auditoría a solicitud de la citada dependencia, para que el Contralor General, Camilo Benítez, pueda decidir qué medidas tomar, en el ejercicio de sus atribuciones.
¿Se realizará una auditoría? En el caso Lafarja hubo blanqueo
Cuando se le consultó si corresponde abrir una auditoría debido a las irregularidades e incluso las violaciones a la ley en las que habría incurrido Petropar en esta contratación, considerando que la firma catarí sigue recibiendo prórrogas más allá de lo permitido, Paiva enfatizó: “Si la Dirección General de Contrataciones de la CGR lo sugiere, estimo que sí. Sin embargo, la decisión final está en manos del Contralor General, quien decidirá si se realiza una fiscalización o una auditoría. El dictamen está a cargo de la Dirección General, y serán ellos quienes, al finalizar el análisis, hagan la recomendación”, explicó.
Sin embargo, existen dudas sobre si la Dirección General de Contrataciones de la CGR, bajo la dirección de Ojeda, podrá llevar a cabo una auditoría real del contrato con la firma catarí Doha Holding. Esto se debe a que, en el caso de la fallida compra de gasoil de Petropar a la empresa AP SA de Andrea Lafarja Bittar, la dependencia cerró la revisión documental casi un año después del pedido de informe del ente, y el resultado no derivó en una fiscalización o auditoría, a pesar de los serios indicios de direccionamiento.
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En este caso, la CGR prácticamente “blanqueó” el asunto, pues no investigó los cuestionamientos, como los motivos por los cuales se contrató a una empresa sin experiencia en el rubro de los combustibles y a un precio que era imposible de cumplir, cuando los precios internacionales estaban altos.
El ente de control tampoco indagó sobre la flexibilización de los pliegos para beneficiar a la empresa de Lafarja, la presentación de una simple declaración jurada como garantía, ni la dirección errónea que figuraba en el contrato, que estaba cerca de Mburuvicha Róga.
En este caso, la Dirección General de Contrataciones de la CGR alegó que cerró el expediente porque el caso ya estaba judicializado, refiriéndose a la demanda de Petropar ante un juzgado civil y comercial de Asunción contra la empresa de Lafarja, para cobrar los 1,5 millones de dólares de la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoil. Este monto sigue sin cobrarse y el caso continúa en los tribunales de la capital.
Petropar sigue otorgando prórrogas a la firma catarí
En el caso del contrato con la firma catarí Doha Holding, Petropar confirmó que otorgó una tercera prórroga a la empresa, extendiendo el plazo de entrega del carburante hasta el 28 de febrero. Con esta última prórroga, el plazo total otorgado a la firma casi se triplicó, ya que el producto debía entregarse entre octubre y noviembre, lo que violaría la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas. Esta ley establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, además de prohibir otorgar condiciones más ventajosas que las originalmente acordadas con otros competidores.
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Sin embargo, la empresa estatal ha otorgado tres prórrogas a la firma catarí: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, y ahora hasta el 28 de febrero. Lo cierto es que el combustible aún no ha llegado, y en Petropar no se ha dado ninguna explicación sobre su paradero, a pesar de que la entrega debería realizarse en las próximas dos semanas.
La firma catarí hizo figurar en el contrato firmado como su dirección especial el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol. Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de Doha Holding.
