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Finalmente, Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, respondió al pedido de informe del Congreso sobre la cuestionada compra de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, por más de US$ 61 millones.
La respuesta de la estatal se remitió al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado Miguel Ángel del Puerto (ANR-HC), y consistió en un informe de una sola página, sin ningún documento respaldatorio oficial. El escrito está firmado por el gerente general de Petropar, William Wilka Materi, quien asumió el cargo de encargado de despacho debido a que Jara se encuentra con permiso hasta el lunes.
En el documento, Petropar confirmó que otorgó una tercera prórroga a la empresa catarí, extendiendo el plazo de entrega del carburante hasta el 28 de febrero. Con esta última prórroga, el plazo total otorgado a la firma casi se triplicó, lo que violaría la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas. Esta ley establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, además de prohibir otorgar condiciones más ventajosas que las acordadas originalmente con otros competidores.
La normativa establece en su artículo 67 que los convenios modificatorios solo pueden ser otorgados al mismo proveedor bajo dos condiciones: que sean consecuencia de circunstancias imprevistas y que no impliquen otorgar condiciones más favorables que las pactadas inicialmente, con un límite del 20% en monto y plazo.
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Firma catarí debió entregar el gasoil entre octubre y noviembre del año pasado, por lo que se recurrió a una compra urgente
Sin embargo, Petropar parece haber ignorado este artículo de la normativa vigente al beneficiar a la firma catarí, que debió haber entregado la totalidad del combustible entre octubre y noviembre del año pasado, ya que el contrato tenía vigencia hasta el 30 de noviembre.
Justamente, a raíz de la urgencia de la compra del carburante a un precio “milagroso”, la petrolera pública recurrió a un procedimiento especial de contratación (con publicación posterior de los documentos), el cual debía tener una duración máxima de dos meses, lo que es habitual en este tipo de adquisiciones, y no se debían otorgar prórrogas para evitar dar ventajas a la empresa respecto a otras firmas que también ofertaron.
No obstante, la empresa estatal ha otorgado tres prórrogas a la firma catarí: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, y ahora hasta el 28 de febrero. Hasta el momento, no ha llegado el combustible, y en Petropar no se ha dado explicación alguna sobre su paradero, pese a que la entrega debería ocurrir en las próximas dos semanas.
La estatal enfatizó en su informe ante el Congreso que, siempre que las entregas se realicen dentro de la vigencia del contrato, “no existe impedimento para recibir el producto”, reza en el escrito.
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Petropar no respondió quiénes son los accionistas de Doha y admitió que no ejecutó garantía por prórrogas
Por otro lado, Petropar no respondió en su informe ante el Congreso quiénes son los accionistas de la firma catarí. Solo mencionó a los representantes registrados en el portal de Contrataciones, los cuales son: Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el misterioso jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y Saad Doukali.
La respuesta de Wilka también enfatizó que la estatal aún no ha iniciado los trámites para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la empresa tras las prórrogas otorgadas. “Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el 28 de febrero, la ejecución de la garantía al día de la fecha es improcedente”, indicó.
Si Petropar rescinde el contrato con Doha Holding Group, debe reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB).
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Si dicho monto no se paga, la estatal deberá demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza, según expertos en derecho.
Petropar respondió a este informe a solicitud de la Comisión Permanente del Congreso, luego de no haber respondido previamente a un pedido de informe realizado el 3 de enero, cuya fecha límite fue el 24 de ese mes. La Cámara de Diputados había aprobado el pedido de informe el 17 de diciembre del año pasado.
Cabe recordar que Petropar aceleró la adjudicación a esta desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera de la firma antes de adjudicarle un contrato tan significativo.
Nada mencionó sobre dirección “especial”
Asimismo, Wilka nada mencionó respecto a la dirección que hizo figurar la empresa catarí en el contrato firmado, la cual pertenece al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol. Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figura como representante de Doha Holding.
