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Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, adjudicó otro llamado “urgente” para la compra de gasoil y esta vez a la firma uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal. Nuevamente, lo hizo sin haber evaluado siquiera la capacidad financiera de la empresa, a pesar de que debe proveer 40.000 metros cúbicos del carburante por US$ 26.380.000.
Así lo confirma el informe de evaluación realizado por la estatal en el marco del “procedimiento especial” de contratación, que está firmado por el gerente general de Petropar, William Wilka, y el gerente de comercio exterior, Ramón Benítez, quienes recomendaron la adjudicación a dicha firma, que nunca antes vendió combustible a la estatal.
Según el documento, la petrolera pública solo evaluó la capacidad legal, técnica y los precios de la compañía, pero en ningún momento consideró los ratios financieros, lo cual es fundamental a la hora de contratar a una empresa. Si se omite este requisito, podría llegarse a contratar incluso a empresas en quiebra y además, representaría una violación del Artículo 19 de la Ley Nº 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que dice sobre la capacidad para contratar: “Solo podrán participar en procedimientos de contratación y contratar en el marco de la presente Ley, las personas físicas, jurídicas o consorcios, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición para contratar ni se encuentren inhabilitadas y, además, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de la contratación y la normativa legal vigente”.
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De hecho, en llamados anteriores para la compra de gasoil, Petropar exigía en los pliegos de bases y condiciones (PBC) que las empresas interesadas en ofertar tuvieran como mínimo un patrimonio neto de US$ 16.000.000, con el fin de garantizar la capacidad financiera de los participantes.
Sin embargo, la actual administración eliminó esta exigencia en sus convocatorias “urgentes”, la modalidad con publicación posterior de los documentos en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que favoreció a empresas desconocidas en el rubro a las que se otorgó millonarios contratos.
Flexibilización inició para contratar a Lafarja y eliminación, para contratar a la firma catarí
La primera flexibilización de esta administración de Petropar se dio en 2023 para contratar a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, que finalmente no cumplió. En este caso, la exigencia de la capacidad financiera se redujo a un simple “análisis del patrimonio neto del oferente en dólares de los Estados Unidos de América”, lo que permitió a la compañía de Lafarja quedarse con un contrato de más de US$ 51 millones, a pesar de que su patrimonio era solo de US$ 915.021, una cifra que ni siquiera cubría la garantía de mantenimiento de la oferta de US$ 1,5 millones.
Asimismo, para adjudicar el contrato a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, la administración de Jara fue aún más allá, y ni siquiera analizó el patrimonio de la compañía para adjudicarle un contrato por más US$ 61 millones en el año 2024.
En 2025, a la firma uruguaya Ormalor S.A.S. Petropar solo evaluó la capacidad legal, técnica y los precios (al igual que a la citada compañía catarí, que hasta hoy sigue siendo beneficiada con prórrogas, pero no ha entregado el carburante).
El resultado de estos llamados “urgentes”, sin tener en cuenta la capacidad financiera de las empresas, está a la vista: el fracaso en el caso de Lafarja y también en el contrato con Doha Holding, que no pudo entregar un litro de gasoil a la fecha a pesar de las prórrogas concedidas por la empresa pública.
Petropar sigue dando prórrogas a firma catarí
Precisamente, el contrato con dicha firma venció el 30 de noviembre del año pasado, pero Petropar ya otorgó dos prórrogas: primero extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre y luego hasta el 31 de enero. Sin embargo, a pesar de estas extensiones, la empresa no cumplió, y se confirmó que la compañía pública otorgó nuevamente otra prórroga, aunque los detalles de los nuevos plazos siguen siendo desconocidos.
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Hasta ahora se sabe que se ha duplicado el plazo del contrato, lo que sería una violación de la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que permite taxativamente una ampliación de solo el 20% en plazos y montos de los contratos.
Respecto a la última adjudicación a Ormalor S.A.S., la petrolera pública sigue ocultando el contrato firmado, y fuentes extraoficiales señalaron a este diario que la empresa uruguaya estaría teniendo dificultades para conseguir la garantía bancaria de fiel cumplimiento de su contrato. No se sabe aún si la estatal le aceptó una declaración jurada como en las otras contrataciones.
Desde Petropar prometieron conceder en la fecha una entrevista a ABC con algún directivo, para dar las explicaciones respecto al contrato con la firma catarí y la nueva adjudicación de compra de gasoil.
