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Las autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar) no explican a la ciudadanía qué pasó con el contrato de US$ 61 millones para provisión de 100.000 toneladas métricas de diesel, firmado el año pasado con “Doha Holding Group LLC” y que, según los términos pactados, venció el 30 de noviembre de 2024.
En vista de que ni siquiera respondieron el pedido de informe emanado del Congreso Nacional (cuyo plazo de contestación venció el pasado viernes 24 de enero), el diputado Mauricio Espínola presentó esta mañana una solicitud de datos al respecto, pero esta vez a la Contraloría General de la República (CGR).
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La empresa de referencia es de Catar, aparentemente creada para esta operación, y está representada, entre otros, por Alejandro Domínguez Pérez, el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Las circunstancias del contrato fueron sospechosas desde un inicio, no sólo porque se trata de una empresa desconocida en el rubro (muy parecido al polémico “caso Lafarja”), sino porque todo se hizo (y se sigue haciendo) a espaldas de la opinión pública, a través de un procedimiento especial de llamado a licitación con publicación posterior. Es decir, el caso saltó a la esfera pública recién después de que se consumaran todos los actos administrativos.
Diésel “desaparecido”, al igual que las autoridades
Además, el combustible no llegó hasta hoy y las autoridades de Petropar, presidida por Eddie Jara, siguen “desaparecidas”, pues no salen a explicar qué pasó con esta operación. ¿Qué explicación dio la proveedora tras no cumplir los términos del contrato?, ¿hubo rescisión y ejecución de garantía de cumplimiento?, ¿o beneficiaron a la empresa con la extensión de plazos, vía adenda?, son algunas preguntas que nadie responde. A pesar de que se trata de una empresa pública y que los documentos de sus operaciones deben ser de acceso público, estos no están disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ni en ningún otro sitio de escrutinio ciudadano.
Es por eso que el diputado Espínola solicitó intervención de la CGR, en vista de que “existen sospechas de cómo se digitó la adjudicación a la citada empresa”, según se lee en la nota fechada el 29 de enero de 2025, que ingresó al ente de control como expediente con terminación 1372.
Concretamente, el legislador pidió que la Contraloría solicite informes a Petropar, “respondiendo los siguientes puntos”:
- Indicar quiénes son los accionistas y/o representantes de la firma Doha Holding Group LLC.
- Indicar la cantidad de toneladas métricas de gasoil adjudicada a la firma, detallando la cantidad recibida a la fecha, la cantidad faltante y la fecha de plazo para la entrega total de lo adjudicado.
- Indicar a cuánto asciende el monto desembolsado a la fecha por dicha adjudicación.
- Mencionar dónde está actualmente el gasoil que la empresa adjudicada debía entregar y si existe un método de trazabilidad del mismo.
- Determinar si existe adenda del plazo para la entrega del mismo.
- Indicar si Petróleos Paraguayos ya inició los trámites pertinentes para ejecutar la póliza por incumplimiento del contrato, en caso de vencimiento del plazo.
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La nota menciona, además que Petropar ya inició otro proceso de compra de diésel, cuyos detalles y documentos respaldatorios no se encuentran en la página de la DNCP ni en ningún otro sitio de acceso público (se usó la misma modalidad de compra con publicación posterior), así como tampoco la explicación de qué pasó con la compra anterior.
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Empresa pública, con recursos de los contribuyentes
“Es importante que esta información sea clara y detallada, para garantizar que los recursos de los contribuyentes se estén utilizando de manera adecuada y transparente. Es por eso el tenor de esta solicitud, por sus atribuciones constitucionales y legales de la ley 276/94″, puntualiza la nota.
Nuestro diario ha intentado obtener datos de Petropar, la DNCP, la empresa “catarí” y sus representantes, pero todos nuestros esfuerzos han sido infructuosos. El caso se sigue manejando con total hermetismo.