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Los despidos no afectarían a funcionarios permanentes, sino a aquellos contratados bajo la figura de Orden de Compra (OC), un esquema que, según las fuentes, ha sido utilizado históricamente para incorporar personal a través de empresas tercerizadas vinculadas a políticos.
De los 350 trabajadores que ingresaron bajo esta modalidad durante la gestión de Nicanor Duarte Frutos, ya se han desvinculado a varios, y el objetivo sería continuar con esta línea.
“Los contratados por OC no figuran en ninguna nómina oficial de la EBY, pero realizan las tareas que permiten que las oficinas operen. Sin embargo, este sistema también ha servido para acomodar a operadores políticos de empresas de maletín”, denunció una de las fuentes.
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Aunque la eliminación progresiva de contratos OC podría interpretarse como un intento de transparencia, las fuentes insinúan que el verdadero trasfondo podría ser “vaciar” la institución de personal precarizado para visibilizar a los planilleros apadrinados por políticos poderosos. Gobernadores, diputados y senadores serán los protectores de estos “planilleros de oro”, quienes reciben salarios millonarios por marcar entrada y salida, sin cumplir horarios ni funciones reales.
Mencionan casos emblemáticos, como el de Fátima “La Negra” Saucedo, quien fue incluso desvinculada de la institución por incumplir con el horario de trabajo. Sin embargo, con el actual gobierno, fue repuesta en la entidad.
Andrés Gubetich, ex presidente del IPS y antiguo funcionario de la EBY, sería otro ejemplo de estas irregularidades, aseguran.
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“No se trata de limpiar la institución, sino de hacer recambio: sacar a los operadores políticos que ya cumplieron su rol para incorporar a otros nuevos, a quienes aún no se les pagó el favor”, explicó una de las voces consultadas.
Entre otros nombres señalados como planilleros se encuentra Eduardo González, actual asesor jurídico. Según las fuentes, el abogado dedica la mayor parte de su jornada laboral a actividades partidarias en la ANR. Otro caso relevante sería el de Del Pilar Medina, jefa del área social de la EBY, cuyo desempeño también ha sido cuestionado.
Actualmente, la EBY se encuentra en pausa administrativa colectiva hasta el 15 de enero de 2025, mientras que la hidroeléctrica sigue operando normalmente. Se espera que el 16 de enero se retomen las actividades y posiblemente se confirmen los despidos, generando un impacto tanto en los trabajadores como en la dinámica interna de la institución.
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El destino de los 250 trabajadores tercerizados sigue siendo incierto, pero las denuncias internas revelan un problema más profundo: una institución capturada por redes de corrupción y clientelismo político, donde los ajustes laborales se utilizan para pagar favores.