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Al igual que otros gremios del sector importador, supermercadista, de proveedores y afines, la UIP no solo continúa esperando que la Corte rechace las acciones de inconstitucionalidad presentadas por empresas como L.A. Business contra el Código Sanitario, y deje sin efecto las medidas cautelares que consiguieron para importar productos sin licencia sanitaria, sino que también se resuelva finalmente la cuestión de fondo y rechace las pretensiones que vulneran el derecho constitucional de proteger la salud pública de la población, así como la libre y justa competencia del mercado, bajo reglas claras.
“La falta de una resolución definitiva está generando una distorsión significativa en el mercado, afectando gravemente al sector formal, que invierte en el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad. Esta medida de la Corte funciona como un faro, enviando la señal de que se pueden perforar normas y controles acordados, eso es peligroso y contraproducente”, mencionó Enrique Duarte, titular del gremio de industriales.
Desde la UIP igualmente enfatizaron que la incertidumbre y la falta de control, autorizadas por la Justicia, desincentivan la inversión de calidad en el país y dañan la estabilidad económica y jurídica, que se ha logrado con esfuerzo.
Precedente poco favorable
Esta situación se arrastra desde hace meses y ya se demostró que los productos ingresados con las medidas cautelares se están comercializando en comercios mayoristas, pese a que el permiso de la máxima autoridad Judicial era “solo para importar y no para comercializar”, según había explicado el ministro de la Corte Víctor Ríos.
Así lo evidenció una intervención del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) a la firma Fortis Mayorista, cuando apenas semanas atrás retuvo más de 1.000 latas de energizantes y paquetes de snacks porque no contaban con el registro sanitario correspondiente. Al respecto, el comercio mayorista se limitó a señalar que está en regla y que INAN debe resolver los sumarios abiertos.
El dirigente del gremio industrial, Enrique Duarte, recalcó que la situación genera gran preocupación y deja un precedente “poco favorable” para la calidad institucional. “Si bien, entendemos que las decisiones judiciales deben basarse en el marco legal, en este caso es otro aspecto el que resulta gravemente afectado: la salud pública y la seguridad alimentaria, que deben prevalecer por encima de cualquier interés particular”, agregó.
Enfatizó además que las medidas cautelares dictadas por la Corte hayan dejado sin efecto las normas que regulan la importación y comercialización de productos alimenticios, que genera un grave riesgo para la salud de los ciudadanos y a la competitividad del sector formal, incentivando una competencia absolutamente desigual.
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Varias empresas pretenden “puentear” normas sanitarias
Atendiendo el riesgo que representa para los consumidores la venta de productos en esas condiciones, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó intervención en todas las carpetas relacionadas con este tema. Son varias las firmas que impulsan aciones, según lo informado.
En el caso de la acción de inconstitucionalidad planteada por L.A. Business, ya en febrero último obtuvo la venia de la Corte para importar productos sin registro sanitario, medida cautelar mediante, con un documento firmado por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos. La PGR pidió en julio último el levantamiento y la suspensión de los efectos de esa medida.
Pese al dictamen para el rechazo de la acción, la máxima instancia judicial sigue sin emitir una resolución definitiva y la PGR continúa esperando una respuesta, que depende ahora del voto del ministro César Diesel, de acuerdo con los datos de dicha institución.
Además de L.A. Business, otras compañías utilizaron el mismo procedimiento para lograr el permiso de la Corte para introducir al mercado productos sin licencias. Este es el caso de Pro Confort S.A.C.I., Gravity Tel S.A., Brisas del Paraná S.A. y GGG Import Export S.A., cuyas acciones de inconstitucionalidad también fueron respondidas por la PGR con una solicitud de levantamiento y la suspensión de los efectos de las medidas cautelares, aunque aún no hay una resolución definitiva.