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Brasil, como principal exportador regional a la UE de soja, carne bovina, café y productos de la madera, figura con el mayor monto de exportaciones potencialmente impactadas por la disposición de alrededor de US$ 17.500 millones en 2022. El segundo país es Argentina, con unos US$ 4.000 millones de comercializaciones potencialmente afectadas, las que se componen principalmente de soja y carne bovina. En tercer lugar se ubica Colombia, con más de US$ 1.300 millones de productos exportados casi íntegramente compuesto por café y aceite de palma, refiere el documento del organismo.
Mientras que, en términos relativos y como economías de menor tamaño figuran Paraguay (69%), Guatemala (61%), Uruguay (60%) y Nicaragua (58%), con mayores proporciones de sus exportaciones al mercado europeo potencialmente afectadas. Si bien México es el segundo principal exportador a la UE, tiene una baja exposición a la disposición dado que sus exportaciones se componen principalmente de manufacturas.
Para el caso de Paraguay y de acuerdo con los datos de la Cepal, las exportaciones a la Unión Europea de productos incluidos en el Reglamento serían de alrededor de US$ 304 millones de los US$ 441 millones totales que representaron en el 2022. En este conjunto, la soja sería el producto más afectado, con un valor de US$ 216 millones y que conforme con estadísticas oficiales y contenidas en el reporte, el cultivo de la oleaginosa da empleo directo e indirecto a unas 700.000 personas.
Los alcances de la resolución y los desafíos
Como se ha expuesto, el Reglamento de la Unión Europea (UE) plantea serios desafíos para las economías de América Latina. Esta regulación busca prohibir la comercialización de productos que no puedan certificar su origen libre de deforestación, impactando directamente en la estructura exportadora nacional.
El Reglamento, que ahora se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para pequeñas y microempresas, está enfocado en productos agrícolas, como la soja, el café, la carne bovina y otros que son fundamentales para las economías de muchos países en desarrollo.
La normativa de la UE representa no solo un desafío para todos los productores de la región, quienes deberán implementar sistemas de trazabilidad y certificación más rigurosos para cumplir con los requisitos de sostenibilidad, sino también para el sector público. Esto demandará inversiones significativas en tecnología y capacitación, lo que se convierte en un reto financiero, especialmente para los pequeños y medianos productores.
Fuente: MF Economía e inversiones, con datos del MEF.