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La senadora Esperanza Martínez participó en la presentación de la reforma del transporte público que se llevó a cabo ayer en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, que estuvo a cargo de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, y de su viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Se trata del proyecto denominado “El bus que viene”, pero cuyo anteproyecto sigue sin que sea un documento público.
Se trató de una exposición, basada en una presentación visual, en la cual explicaban los principales cambios, así como los motivos de esas decisiones. En la práctica se trata de la misma socialización que las autoridades hacen desde mediados de agosto último.
La ministra Centurión subrayó como aspectos más relevantes dos aspectos de la reforma:
1. Cambio de modelo de negocio: se separarán los contratos y harán licitaciones por rubro, que son; (1) compra de buses, (2) operativa de buses y (3) patio de estacionamiento. En términos prácticos, según explicó, implica que el Estado adquirirá las unidades y las pondrá a disposición de los operadores, quienes competirán por los itinerarios, en tanto que las paradas también serán seleccionadas mediante licitaciones para que sean elegidas las que tengan ubicaciones estratégicas.
2. Creación de fideicomiso: se trata de un fondo que será gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La ministra señaló que el fondo lo utilizarán para la compra de buses y pagos de subsidios. Los recursos, US$ 300 millones, provendrán de Itaipú, así como la suma que se recaude con la venta del pasaje.
La senadora Martínez manifestó su temor ante la posibilidad de que la reforma sea más beneficiosa para los transportistas del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), el gremio que reúne a la mayoría de las concesionarias, cuyo presidente es César Ruiz Díaz, porque ya ni siquiera invertirán en buses.
Al respecto, la ministra respondió que la mayoría de los empresarios no cuentan con suficientes recursos para hacer la importante inversión que representa renovar o aumentar flotas y, lo que saben hacer es lo que implica la operativa de la empresa. Entonces, la idea es separar el negocio y dejarles a ellos que “hagan lo que saben hacer”. Advirtió que en los casos en que detecten deficiencias, optarán por adjudicar el servicio a otra firma.
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Otra preocupación de Esperanza Martínez es la transición entre el sistema actual y la implementación de la reforma y que, finalmente, Cetrapam se quede con los buses del Estado. Además, recordó que el conteo de pasajeros, en la práctica, es controlado por el gremio, pues es dueña de la operadora con posición dominante en el mercado, ya que no funciona el centro de control del MOPC. En otras palabras, el Estado y los pasajeros quedarán a merced de Cetrapam.
La ministra añadió que proyectan invertir en tecnología y se comprometió a volver dentro de una semana para explicar, con mayores detalles, el cronograma de actividades en la implementación de los planes.
Primeras licitaciones
La ministra Centurión dijo también que en el primer trimestre del 2025 planifican realizar las primeras licitaciones para comprar 30 buses. Los recursos para estas compras provendrán de la Itaipú Binacional, unos US$ 300 millones.
Teniendo en cuenta que es parte de la reforma, no quedó claro si esta adquisición ya lo haría con el fideicomiso que se planea implementar para la gestión de los recursos, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Asimismo, con la presentación también prometen la creación de un foro ciudadano, que estará integrado también por representantes de la sociedad civil, con “voz y voto” en las decisiones vinculadas con el servicio. Según el viceministro Fernández, las autoridades están de paso y que los pasajeros son los principales interesados en conocer cómo se administra y se mejora el sistema.
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Sin embargo, el gobierno del presidente Santiago Peña impide que la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), por ejemplo, integre los consejos “ad hoc” y de la Tarifa Técnica, espacios en los que se analizan los datos del billetaje y se resuelven las diferencias que surjan en la recaudación entre operadores del cobro electrónico y la información que genera, todo el proceso.
Es más, presidente Santiago Peña actualizó la lista de integrantes del Consejo de Billetaje y designó a Ricardo René Núñez Giménez como representante de los municipios, a pesar de que no tiene cargo municipal y tampoco es directivo de “OPACI”. Al parecer, su mérito radica en su condición de hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso (ANR -cartista).
Núñez no tiene formación técnica en transporte, fue intendente de Villa Hayes y directivo de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Otra dato, fue procesado por la justicia debido a sus gestiones como autoridad en los juegos de azar, por ejemplo en la adjudicación de la quiniela a una firma denunciada como morosa con el Fisco, también en la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, etc.