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Antes de la reforma de 2003, la Caja Fiscal funcionaba bajo determinados parámetros que la habían vuelto insostenible. Por mencionar, la retención de los aportes no se realizaba sobre todas las remuneraciones percibidas; el salario base para el cálculo del beneficio consideraba únicamente el último sueldo y la tasa de sustitución era del 90% para todos los sectores. Para ese año, el déficit operacional (diferencia entre las contribuciones y gastos anuales) llegó a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos y estudios oficiales.
Con la sanción de la Ley N° 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal” se implementó una serie de medidas que apuntaron a ordenar el sistema. Así se contemplaron seis sectores contributivos distribuidos entre el Programa Contributivo Civil y el No Civil; el aumento de la tasa de aporte del 14% al 16% para todos los sectores; la retención de aportes sobre todos los objetos de gastos remunerativos del personal, incluido el salario base, horas extraordinarias, gastos de representación, bonificaciones. Además, quedó establecida una jubilación ordinaria para los funcionarios de la Administración Pública con al menos 62 años y 10 años de servicio, posteriormente modificada a 20 años de servicio, con una tasa de sustitución del 47% más 2,7 puntos porcentuales por cada año de servicio adicional.
También quedó contemplada la ampliación del salario base utilizado para el cálculo del beneficio de pensión definiéndolo como la remuneración promedio de los últimos cinco años de servicio en lugar del último salario. De la misma manera se estipularon nuevos porcentajes para la determinación de la pensión y su aplicación generalizada a todos los sectores (anteriormente los porcentajes diferían de acuerdo con cada sector) y la actualización de haberes jubilatorios de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de los incrementos salariales del sector público.
Un análisis del entonces Ministerio de Hacienda y actualmente MEF había mostrado los impactos de la reforma en la Caja Fiscal. A decir, el déficit actuarial había disminuido del 90% del PIB antes de la reforma al 45% del PIB tras la misma (38% del PIB para los planes contributivos). Se había logrado el equilibrio en 60 años de los sectores de empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales. Sin embargo, seguían con déficits el magisterio nacional (13,2%), las Fuerzas Armadas (12,7%) y la Policía Nacional (9,7%). En el caso del magisterio nacional, la reforma generó ahorros, en términos de valor actual neto, de alrededor del 20% del PIB inicial. Mientras que en el de los policías y militares, la normativa tuvo un impacto relativamente pequeño, reduciendo el valor actual neto de sus déficits en aproximadamente 10% del PIB inicial, precisaron desde la cartera económica.
Agravamiento del déficit
Tras las importantes modificaciones introducidas en el año 2003, surgieron nuevos regímenes de jubilación que terminaron por complicar la estructura de la Caja Fiscal, incluso agravando el déficit. De hecho, el sistema arrastra un descalce importante desde el 2015. Si se considera años atrás, desde el 2008 hasta el 2010, el déficit ha sido en promedio de G. 100.000 millones anuales. A partir del 2011 se recupera obteniendo superávits de G. 160.000 millones en promedio hasta el 2014, pero desde el 2015, el desequilibrio no ha podido revertirse.
En la edición de mañana se abordará cuánto ha sido el promedio anual del descalce y que ha inyectado presión a las cuentas públicas, además de cuáles son las perspectivas para el sistema de no implementarse urgentes reformas.
Datos en resumen
De 2008 a 2010 el déficit fue en promedio de G. 100.000 millones al año. De 2011 a 2014 obtiene superávits de G. 160.000 millones en promedio, pero desde 2015 el desequilibrio no ha podido revertirse.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.