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El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja (ANR-HC), soporta una protesta de campesinos e indígenas desde hace una semana, frente a la sede de la institución, ubicada en la calle Piribebuy esquina Independencia Nacional, Asunción. Los manifestantes son los integrantes de “la multisectorial”, una organización que aglutina a organismos del programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637, y que realiza este tipo de movilizaciones casi de manera habitual.
Marta González, una de las voceras de la multisectorial, dijo que se exige a Baruja que cumpla un acuerdo verbal que éste había hecho, de aprobar los proyectos presentados por los miembros de la organización, en el marco del Fonavis. Específicamente, que el 33% del total de los subsidios habitacionales de dicho programa sea destinado a los miembros de la organización. Asimismo, se pidió el cese de la “persecución” a sus integrantes por parte de las autoridades.
Pero, ¿cuál es el alcance de las exigencias reales de la multisectorial? La multisectorial había presentado un pedido de acuerdos interinstitucionales entre el MUVH, el Ministerio del Interior, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para atender cuestiones que se plantean en dos proyectos de leyes y que esta organización pide que se suspendan.
En contra de fusionar MAG e Indert y de la creación del RUN
Además de la “equidad” y “transparencia” en las adjudicaciones de subsidios a la vivienda, la multisectorial pidió la suspensión del plan de fusión del Indert con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pues según la organización, se limitaría al Estado en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales; y rechaza la creación del Registro Unificado Nacional (RUN) y la derogación del artículo 104 del Estatuto Agrario, que permite la recuperación de tierras fiscales.
Los manifestantes exigen que los acuerdos sean firmados por las autoridades competentes y que el Indert sea fortalecido con mayores recursos, en lugar de ser debilitado.
Esos puntos no dependen del MUVH, pero aún así, los manifestaron los incluyeron entre sus “reivindicaciones”. Por otro lado, para responder la pregunta de cuál es el alcance del pedido sobre viviendas, es necesario recordar cómo funciona el Fonavis.
¿Cómo funciona el Fonavis?
El programa tiene como objetivo atender las demandas de viviendas sociales, es decir, casas para personas de nivel socioeconómico bajo, cuyos perfiles financieros no les permitirían obtener créditos del sistema bancario formal.
Entonces, el Estado destina dinero público para entregar una casa propia a la gente de escasos recursos. Para ello, el MUVH recibe las postulaciones para las viviendas sociales mediante proyectos que son presentados por los denominados “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que previamente trata con la organización social que pide las casas y la constructora que se encargará de la obra.
De esta manera, el “SAT” y la constructora cobran el dinero del MUVH, de manera directa, sin concurso ni competencia alguna, y realizan las construcciones de viviendas, que luego son entregadas a las organizaciones sociales. Tanto los beneficiarios como los SAT y constructoras son miembros de la “multisectorial”, según reportaron.
Es decir, la multisectorial exige que se les otorgue el 33% de los fondos totales del ministerio a los beneficiarios que ellos presentan, conforme al reglamento del Fonavis.
¿Qué respondió el ministro Baruja?
El ministro Juan Carlos Baruja aseguró que es inviable la exigencia, pues la institución tiene la potestad de aprobar o no los proyectos conforme a su criterio. De hecho, comparó el caso con otro programa estatal de asistencia similar. Es como “si el Ministerio de Desarrollo Social dice ‘vamos a emitir mil tarjetas de Tekopora’ y viene un grupo de organizaciones y dice ‘nosotros queremos dar 333 tarjetas a quienes nosotros creemos’, sin que probablemente cumpla con todas las condiciones para poder recibir una tarjeta”. Añadió que este tema “nosotros lo vamos a analizar muy bien”.
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Agregó que el origen del descontento de la multisectorial radica en que descubrió viviendas sobrefacturadas, pues constató construcciones que no cumplen con la calidad requerida. “Yo verifiqué en Ypané, no alcanza el estandar de calidad que nosotros queríamos. Hay otros proyectos que ellos ejecutaron que estaban de mejor calidad pero en el caso particular que yo mencioné e inclusive le dije ‘andá, observa el revoque, parecía que hizo una criatura’. Entonces, esta es la respuesta (la movilización de la multisectorial)”, añadió.
Sobre las declaraciones del ministro, la multisectorial emitió un comunicado en el cual supuestamente “desmiente a Baruja”, pidiendo “equidad a la hora de otorgar subsidios y el fin de las persecusiones dictatoriales”.
El programa de referencia cuenta con fiscalizadores de obras, quienes certifican el avance de las construcciones para habilitar los desembolsos. Además, en el pasado se exigían pólizas de seguro, aunque hoy, el MUVH no ha informado si esa exigencia persiste.
Reclamos reiterativos
Frente al MUVH prácticamente tras cada cambio de ministro se repite la historia de movilizaciones de la multisectorial, exigiendo subsidios para viviendas. En el gobierno anterior, el ministro fue Dany Durand y se registró una situación en que la multisectorial lo defendía, hasta lo llamaron “el ministro de la gente”, pese a que una investigación de ABC desnudó vínculos políticos en las designaciones directas de recursos para obras.
La Contraloría General de la República (CGR) incluso realizó una auditoría y concluyó que las viviendas eran más caras en la gestión de Durán, las obras eran deficientes y se habló de la sospecha de un daño patrimonial de G. 90.000 millones, caso denunciado en el año 2020 ante la Fiscalía que sigue sin aclararse.
Durand fue reemplazado por Carlos Alberto Pereira, quien asumió en noviembre del 2020 también en el gobierno anterior, y estuvo hasta la asunción del actual presidente Santiago Peña. Su reemplazante es el actual ministro Baruja.
Pereira realizó ajustes al reglamento, obligando a que los SAT y constructoras cobren por su trabajo a través de desembolsos MUVH, ya que anteriormente, los SAT sellevaban todos los recursos y los administraba, hasta que hubo una denuncia de estafa por parte de una constructora. Así, se creó una web de monitoreo de las obras pero se mantuvo la entrega directa de los recursos, sin concurso, pues así lo estipula la Ley N° 3637 del Fonavis.
El proceso de reforma fue muy resistido por los involucrados en el programa, se realizaron varias movilizaciones e incluso la multisectorial pidió su “cabeza”. Tiempo después, se llegó un acuerdo.
Contradictoriamente, hoy la multisectorial pide que vuelva Pereira, pues sostienen que él era más “equitativo”.
Entonces, ¿cuál es la solución?
El programa Fonavis permite transferencias directas, sin concurso ni competencia alguna. Es muy distinto a los procesos vía ley de Contrataciones Públicas, que son abiertos, participativos y más transparentes. Pero no se aplica a las viviendas sociales porque en el programa del MUVH rige otra ley específica.
De hecho, en el Gobierno anterior, desde el Parlamento de entonces se intentó someter al Fonavis al control de Contrataciones, una iniciativa encabezada por el hoy titular del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, pero ese plan se desinfló con la salida de Durand del cargo. Hoy, el senador que años atrás cuestionaba el programa, lo apoya y hasta busca más recursos para financiarlo.
Finalmente, la demanda de la multisectorial pone a prueba a Peña, quien tiene la oportunidad de solucionar “de raíz” el problema entorno al Fonavis, con una reforma total de la ley que lo sustenta, pues tiene la mayoría colorada en el Parlamento.