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La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, emitió su informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la licitación pública “adquisición de una solución de control y monitoreo para el Sistema Nacional de Billetaje” (ID 368.264) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El documento, al que esta tarde accedió ABC, evidencia más anomalías de las ya detectadas por Contrataciones Públicas, meses atrás. Se trata del contrato que fue administrado por el Viceministerio de Transporte (VMT), años atrás, por los entonces viceministros Pedro Britos y Víctor Sánchez Chamorro.
En el marco de este llamado, el MOPC adjudicó a fines de 2019 al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, y conformado por Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA (Rogelio Franco Dávalos), y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Osmar Legal.
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Para la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE), el “cerebro” del cobro electrónico, valuado en US$ 3,9 millones, el contrato tuvo tres pilares:
- Adquisición del software (G. 20.836.422.500), 83% del contrato
- Adquisición de bienes - equipamiento (G. 1.994.177.500), 8% del contrato
- Construcción de infraestructura (G. 2.166.400.000), 9% del contrato.
Para la ejecución del contrato, ETC había subcontratado a Solnet SA, Opencity Software Corp, Area Data SA, Bonus SA, Pimlico Ventures SA y Burj AL CB SA, las cuales solicitaron al MOPC que se les ceda el derecho a cobro, lo cual fue aprobado. Este hecho fue calificado como irregular por la Contraloría, pues la cartera no notificó al Ministerio de Hacienda para los trámites de rigor, tal como lo estipula el Decreto N° 9537. Se trata de trabajos por más de G. 2.985 millones.
Cesión de derecho a cobro, pese a incumplimiento
Asimismo, CGR observó que esa aprobación se realizó pese a que la proveedora no estaba cumpliendo con los plazos para la entrega de los bienes, y además, correspondía la ejecución de las pólizas. Esto último no se hizo, subrayó en su informe.
El reporte detecta indicios de que el contrato estaba prácticamente direccionado a ETC, pues el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) no cumplía con toda información que obliga la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con los pliegos estándar, y tampoco se incluyeron junta de aclaraciones y otros mecanismos que garantizan la participación y libre competencia.
Además, el MOPC había firmado el contrato cuatro días hábiles antes del plazo para hacerlo, y eso fue dentro del período para la presentación de protestas.
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Estas situaciones se suman al hecho de que Contrataciones había detectado una seguidilla de incumplimientos del contrato por parte del consorcio ETC, sobre inconsistencias entre los bienes existentes y lo asentado en actas de recepción, valuado en G. 32 millones. Además, hay una diferencia entre la ejecución de las obras y lo constatado in situ, por G. 463 millones, así como la falta de cobro de multas por incumplimientos.
La CGR también detectó anomalías en la fuente de financiamiento, falta de asiento como se establece en la normativa y falta de claridad por los bienes que se pagaron. Todo esto se observa en un reporte de más de 150 páginas que termina con conclusiones y recomendaciones.
Deficiencias se evidenciaron con la falta de control a concesionarias
El CCM funciona en la oficina del Viceministerio de Transporte y es el “cerebro” del cobro electrónico del pasaje del transporte público del Área Metropolitana. El plan es que concentre toda la información del traslado masivo de personas de todo el país, algo que aún no se consigue porque el sistema no funciona al 100%.
La implementación del cobro electrónico permite conocer la demanda real de pasajeros, cumplimiento de itinerario y frecuencia de buses, con datos georeferenciados, entre otros ítems que en su conjunto influyen en el precio del pasaje.
Sin embargo, a la fecha, los componentes de control en tiempo real y auditoría no funcionan, pese a que estaban contemplados en el contrato. Esta situación obliga al Estado a depender de la información que es proporcionada por las operadoras del billetaje, que son:
- Epas (tarjeta Jaha), de Cetrapam, con 70% del mercado,
- TDP (tarjeta Más), de Álvaro Wasmosy, con 30%.
Mientras tanto, y pese a la millonaria inversión, el Estado Paraguayo sigue sin disponer de un software que opere en 100% para controlar la prestación de las concesionarias del transporte público, que verifique aspectos como la frecuencia de buses y el itinerario recorrido. Los incumplimientos de estos últimos puntos hoy se traducen en “reguladas” y sufrimiento de los pasajeros y pasajeras.