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Las empresas del Estado siguen siendo deficitarias como el caso de Copaco, Petropar e INC, las cuales registraron el año pasado pérdidas por más de G. 405.000 millones (US$ 55,5 millones), según los balances de las compañías. La deficiencia de estas firmas públicas son cada vez más evidentes, pero siguen siendo manejadas con el criterio de cuoteo político.
Pero el caso que más sacudió al Gobierno de Santiago Peña fue que la empresa pública Petropar, manejada por Eddie Jara, hasta quiso comprar diésel por US$ 51 millones a una proveedora de alfombras y decoración, que pertenece a la corredora de rally, Andrea Lafarja Bittar.
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Tras este escándalo y el incumplimiento del contrato, Petropar tuvo que rescindir del contrato y “demandar” a la firma de la deportista para poder cobrar la millonaria garantía de mantenimiento de ofertas de US$ 1,5 millones que AP SA presentó en formato de declaración jurada.
El 30 de mayo último, Lafarja presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital. En dicho documento AP SA ofreció el pago de solo US$ 150.000 a la petrolera pública, para ser desembolsado en 10 cuotas de US$ 15.000 y poner fin al juicio en curso, pero no se sabe hasta ahora si la estatal aceptó dicho planteamiento.
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Otra polémica de Eddie Jara en Petropar fue la entrega de los servicentros propios a operadores políticos, y el caso del cuestionado gasoil búnker.
En cuanto a Copaco, el titular de la empresa, Óscar Stark, manifestó que la única forma de recuperar la firma es con inversión privada, pero hasta hoy nada se concretó. En tanto que la INC sigue con uno de sus molinos parados en Villeta, sin poder aumentar la producción de cemento.