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Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), denunció en setiembre de 2023 a Pulciano Sánchez por presentar a la institución documentos de contenido falso para que se le habilite como prestador de servicios del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), Ley N° 3637. En la audiencia preliminar de la causa, el pasado 11 de junio, el afectado reconoció el delito y se le aplicó reglas de conducta.
A casi un año de la denuncia y más de un mes de que el denunciado reconociera la comisión del hecho punible, el ministro Baruja aún no dio de baja al “líder social” de la nómina de prestadores del “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”.
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ABC consultó sobre el caso al ministro Baruja, pero este no respondió. Se requirió respuesta a la Dirección de Comunicación, donde nos indicaron que la pidamos vía portal unificado de Acceso a Información Pública (AIP).
De esta manera, la institución no da explicaciones sobre el manejo del programa cuyo presupuesto para este año ronda los US$ 80 millones, y que se pretende aumentar en US$ 200 milllones. Esto último, conforme a una promesa hecha por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, el jueves pasado, en un evento de la “multisectorial”.
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Nuestro diario también se comunicó con Sánchez, quien atendió la llamada pero evitó brindar declaraciones, alegando que se encontraba en una reunión. El abogado del “líder social”, Juan Carlos Ruiz Díaz, alegó por su parte que su mandante sólo consiguió una “salida procesal para no llegar a juicio”.
“El reconocimiento del hecho es una cuestión de forma. El caso no se investigó de fondo. No implica que (Sánchez) sea culpable ni condenado. Sólo es una salida procesal para que no se active todo el proceso judicial y llegar hasta juicio oral”, afirmó. Acotó que él mismo le recomendó a su defendido someterse a ese proceso.
Criticado programa
El Fonavis ha sido el programa principal del MUVH y de la institución que la precedió, Senavitat. La cartera trabaja con los organismos denominados “SAT”, que cobran para gestionar las viviendas sociales, sin hacer concurso público. Ellos postulan a los beneficiarios y subcontratan a constructores.
Las transferencias se realiza de manera directa, “puenteando” la ley de Compras Públicas.